Así se fraguó la operación de las guarderías que vincularía a Mañueco con en el caso Lezo

• “Este (el alcalde) le ha dicho (a Mis pollitos) que le va a dar las cuatro guarderías”, dice el expresidente de Madrid
• Su mujer celebra con champán la firma de la sociedad conjunta con la dueña de Mis Pollitos

Otra grabación publicada por El País, al hilo de la desvelada hace algunas semanas por El Español, implica supuestamente al alcalde Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, en el negocio de las guarderías con el ‘caso Lezo’.

El expresidentes de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, dice que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, le ha dicho a Carmen Pazos, dueña de Mis Pollitos y socia de su mujer para el negocio de las escuelas infantiles) “que le va a dar las cuatro guarderías”.

Según El País, Lourdes Cavero, la mujer de Ignacio González, llamó a su marido poco después para decirle “ya hemos firmado, gordito (…) he traído una botella de champán«. Se refería a la constitución de la sociedad con la empresaria salmantina de Mis Pollitos para empezar a gestionar guarderías.

Pablo González asesoró sobre esta inversión en guarderías tanto a Lourdes como a su hermano Ignacio, quien desde un primer momento tiene claro quiénes aportarán el dinero, en torno a 500.000 euros.

Se trata, según El País, de personas que figurarán como inversores solo durante un año y luego se marcharán dejando todo en manos de Lourdes Cavero, que figura también como investigada en la trama Lezo. Para esta operación, la esposa de Ignacio González se alía con el grupo empresarial Mis Pollitos, cuya administradora y socia será Carmen Pazos. La firma Mis pollitos se dedica a prestar servicios de restauración y enseñanza no obligatoria en diferentes colegios de España.

La gestión de esta operación se inicia en septiembre de 2016. Poco antes, Ignacio González había dejado la presidencia de Madrid. Lourdes Cavero indica a su marido que ha estado comiendo con Carmen Pazos y que en ese momento está visitando locales para abrir guarderías. Y encuentra dos que le gustan, pero que requieren obras de acondicionamiento por importe de 180.000 euros. «Es un local que alquilas y que tienes que meter un pastón», cuenta Lourdes a su marido.

Los agentes, merced a las grabaciones, saben que Ignacio González controla «dinerillo B», según lo define su testaferro Edmundo Rodríguez, y que se sirve tanto de su padre como de falsas facturaciones para aflorarlo mediante alambicadas transferencias que buscan ocultar el rastro sobre la procedencia del dinero.

Las grabaciones revelan que detrás de toda la operación está realmente Ignacio González. «Ella será la consejera delegada y tú la directora general, ¡qué cojones, con un contrato de alta dirección y a tomar por culo!». González se encargaría de buscarle los supuestos socios capitalistas. Al final concluye que estos aportan 500.000 euros.

Ignacio y su hermano Pablo hablan sobre esta inversión el 24 de noviembre de 2016 en el despacho del expresidente. Ignacio le comenta que la socia será Carmen Pazos, que gestiona numerosas concesiones públicas de guarderías en Salamanca «y le han prometido que le van a dar otras cuatro guarderías nuevas en Salamanca, de concesión municipal«, señala el expresidente.

Pablo González relata que conoce a un concejal de Salamanca, Enrique Sánchez, que les puede «introducir».  Ignacio le comenta inicialmente que ha conseguido («levantado», dice) financiación «de 400.000 o 500.000 euros» para la guardería. Es decir, Lourdes Cavero pondría 500.000 euros provenientes de cuatro accionistas, un 21 % del capital, y que Carmen Pazos aportaría otras guarderías que ya tenía en funcionamiento.

La UCO deduce que el matrimonio pretende con esta operación aflorar dinero de procedencia ilícita.

La conversación intervenida y reproducida por El País:

Ignacio González. [Carmen Pazos] ella aporta guarderías en funcionamiento y el cáterin, libre de todas las historias. Se hace una nueva sociedad, y ella dice que le han prometido que le van a dar cuatro guarderías nuevas en Salamanca, por concesión municipal.

Pablo González.  Yo me entero de eso en Salamanca.

I.G. Sí, ella con el alcalde… Me dice ella: ¿Tú conoces al alcalde? Le digo sí (risas), yo conozco bastante a, a Alfonso (…) con este no se debe de llevar [Pazos] muy bien; pese a eso tiene el monopolio de todas las guarderías de Salamanca.

P.G.  Dame el nombre de ella, porque yo se lo pregunto a Enrique Sánchez, que es el concejal, este… ciego… de Deportes o de no sé qué, y no sé si de él dependerá esto también, quizás de Cultura…

I.G. Pero vamos, ella (Carmen Pazos-Mis Pollitos) me ha dicho que estuvo el otro día con… este le ha dicho que le va a dar las cuatro guarderías, o sea… Pero ella [su esposa Lourdes] ha levantao ya el dinero, 500.000 euros, que no está mal. Para montar una guardería aquí… Ella [Carmen Pazos] se queda el 40 % y 500.000 Lourdes.

P.G. Es decir, B liberado, vale, joder y tal. Y los otros son financieros. ¿Y Lourdes qué papel va a tener ahí?

I.G. Pues estos se van el primer año, o sea, que debe ponerse un sueldo fijo para tener 4.000 euros al mes para eh, gastos, por ejemplo, va a pagar de aquí a la secretaria [la del expresidente], o sea, va a pagar una parte del despacho [se refiere al despacho que el expresidente posee en la madrileña calle de Alcalá, donde se dedica a la intermediación y corretaje, utilizando sus influencias], según la UCO.

Ignacio comenta con su notario de confianza, Javier Lasso de la Vega, a quien Ignacio llama Chevi, la visita que le ha hecho su esposa para firmar la constitución de la sociedad de las guarderías. «Ya hemos firmado, gordito (…) he traído una botella de champán«, le dice Lourdes al otro lado del teléfono. Le acompañan amigas suyas y acaba de firmar ante Chevi,

Según El País, al tanto de la operación de las guarderías estaba también el expresidente de los empresarios de Madrid, Arturo Fernandez, implicado en la financiación ilegal del PP madrileño en el marco de la trama Púnica. Recientemente, Fernández declaró ante el juez Velasco que su relación con González era estrictamente «protocolaria». Pero las grabaciones de Lezo le desmienten. Revelan que la relación entre ambos es de estrecha amistad. Arturo Fernández le pide favores a los que accede Ignacio González. Y, además, está al corriente de los negocios de Lourdes Cavero. Ignacio González señala a Arturo Fernández: «Lo de Salamanca, fenomenal… ya hemos firmado, ya hemos constituido la empresa y entran los restos (los socios inversores de Lourdes Cavero) con ampliación de capital».

La UCO ha comprobado que ciertamente se llegó a constituir la citada sociedad. Como socios figuran Lourdes Cavero y el grupo Mis Pollitos, de Carmen Pazos. La Sociedad queda radicada en la sede del despacho de Ignacio González. Llama la atención la UCO sobre el hecho de que inicialmente solo figuren como socios en la empresa Lourdes Cavero y Carmen Pazos y que los otros inversores no entren desde el principio y hagan una ampliación de capital solo unos días después.  La sociedad se constituye con un capital de 800.000 euros, de los que 500.000 euros «los ha levantado», en palabras del expresidente, su esposa Lourdes Cavero.

Entre los inversionistas que se van al año se halla Rocío Bonet Cavero y su pareja sentimental. La UCO identifica a Bonet Cavero como sobrina de Lourdes Cavero. La sobrina también ha participado en otros negocios del matrimonio. La pareja sentimental de la sobrina fue consejero delegado de una empresa presidida por Jaime Antonio Antoñanzas, quien, según los investigadores, estaría involucrado, junto con Ignacio González y José Manuel Serra Peris, otro hombre de confianza del expresidente y exalto cargo del Canal de Isabel II, en «facturaciones cruzadas ficticias» encaminadas supuestamente a aflorar dinero negro.

Otro de los inversores de la guardería es la sociedad Marmara Patrimonial, de Alberto Pérez de la Sal, amigo personal de Ignacio González y con actividades societarias comunes. Pérez de la Sal es consejero delegado de la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo en España.

La obsesión de González (para lavar el dinero que la UCO sospecha esconde y que solo en España calcula en unos tres millones de euros) es intercalar sociedades aparentemente activas en las que camuflarse.