A instancias del Diputado provincial Gabriel de La Mora, el Pleno de la Diputación de Salamanca de este viernes 30 de junio va a tratar el convenio firmado por la institución provincial con la empresa Berkeley Minera España S.L. para realizar la variante de la carretera SA-322 que comunica Retortillo con Villavieja de Yeltes. La actual pasa por terreno de la mina y la empresa está haciendo un tramo alternativo para dejarla completamente fuera del entorno minero.
En la cláusula segunda del convenio se estipula que Berkeley debe “solicitar y disponer de cuantas autorizaciones y licencias sean necesarias para la ejecución de la obra”.
La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca en su reunión de 1 de febrero de 2017 determinó que para realizar el desvío de carretera la empresa minera debe contar con autorización de uso excepcional de uso de suelo rústico y licencia urbanística. “Pues bien, Berkeley ha ejecutado esa construcción sin contar con los correspondientes permisos”, indica Stop Uranio.
La actuación de Berkeley al margen de la Ley, y tras el atestado levantado por la Guardia Civil, ha obligado al ayuntamiento de Retortillo a abrir expediente sancionador a la empresa minera mediante una resolución de alcaldía de fecha 17 de febrero, “a la vez que ordenar la paralización de las obras que se estaban ejecutando sin los oportunos permisos”, prosigue la plataforma.
Stop Uranio considera que “ejecutar las obras sin licencia municipal supone un incumplimiento flagrante del convenio firmado, lo que conlleva la resolución del mismo, tal y como se estipula en la cláusula sexta del convenio, donde se establece como motivo de finalización del compromiso contraído ‘el incumplimiento de la otra de lo estipulado en el presente convenio”.
Afirma que la Diputación Provincial debe velar por el estricto cumplimiento de las normas urbanísticas “y no permitir que una empresa multinacional se las salte por conveniencia, saldando su falta con una hipotética sanción de un ayuntamiento con el que ha firmado un convenio de colaboración a cambio de dinero, y en el que alcalde y concejales están siendo investigados por la justicia por posibles irregularidades en su actuación”.
En el debate sobre el estado de la región celebrado este miércoles en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión recordó a Juan Vicente Herrera que “Berkeley es una empresa especuladora, en la que participan empresarios y grupos vinculados a escándalos de ‘ingeniería financiera’ en torno a posibles explotaciones mineras, como en el caso “URAMIN” pendiente de Resolución judicial en Francia”.
Stop Uranio señala que “ante la actuación por la vía de hecho de Berkeley, al margen de la ley y con dudosa credibilidad, a la Diputación Provincial no le queda otra opción que dar por finalizado el convenio firmado con la empresa minera, desvinculándose del compromiso adquirido para la construcción de la variante de la carretera de la que es titular la institución provincial”.
La empresa
Berkeley Minera reitera que cuenta con todos los permisos necesarios para desarrollar el trabajo que está llevando a cabo actualmente, y está en proceso de obtener los permisos restantes.
Añade que hasta la fecha, el proyecto cuenta con más de 91 informes y resoluciones favorables de diferentes órganos administrativos a todos los niveles: Unión Europea, Administración Estatal (autorizaciones emitidas por la Confederación Hidrográfica del Duero y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Salamanca y Ayuntamiento de Retortillo.
Indica que ha firmado acuerdos de cooperación con los municipios locales, “como parte de su compromiso por trabajar en colaboración con la comunidad. Hasta la fecha, a través de estos acuerdos, la empresa ha proporcionado redes Wifi para los pueblos locales, ha construido áreas de juego infantil, ha reparado plantas de aguas residuales, y mejorado las instalaciones deportivas, además de patrocinar numerosos eventos deportivos y fiestas patronales”.
Afirma que “en ningún caso han existido irregularidades por parte de la compañía en el trato que ha habido con ningún funcionario público, y en ningún momento se han presentado quejas formales sobre este asunto”.
Asegura, por último, que “el permanente rechazo al proyecto mostrado por Stop Uranio tiene la misión de detener el proyecto de inversión más importante de la provincia de Salamanca, una iniciativa que rejuvenecerá a una comunidad local y creará 2.500 empleos directos e indirectos. Con nosotros trabajan ya 68 personas, muchos de los cuales provenientes de Villavieja y Retortillo, y esta campaña carente de fundamento lo único que hace es poner riesgo sus puesto de trabajo”.
