El juez ha desestimado la querella criminal presentada en mayo de 2016 por la plataforma Stop Uranio, que agrupa a vecinos y a grupos ecologistas, en los juzgados de primera instancia y de instrucción de Ciudad Rodrigo en la que acusaba de cohecho al exalcalde del PP de Retortillo, Javier Santamartina, y a tres concejales de su equipo de gobierno, entre los que se encuentran Andrés Matías y Eustaquio Martín, que siguen como ediles del PP en el Consistorio, ahora gobernado por el PSOE.
A todos ellos se les acusaba de haber incrementado “su patrimonio personal” de manera “delictiva” al haber facilitado, a cambio de dinero, gestiones administrativas de la empresa minera Berkeley que pretende abrir en la zona la que será la única mina de uranio a cielo abierto de Europa.
El proyecto minero ha estado rodeado de polémica desde el comienzo de su tramitación administrativa. No sólo por la fuerte contestación ecologista y vecinal (la mina supondría procesar toneladas de material radiactivo en mitad de un paraje protegido) sino también por el papel jugado por Manuel Lamela, exalto cargo del exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Según reveló esta emisora, Lamela fue contratado por Berkeley para mediar a favor del proyecto ante el departamento de sus antiguo jefe Cañete, ahora comisario de Energía.
La querella de Stop Uranio, hace referencia a que la empresa Berkeley adquirió en 2012 veinte hectáreas de suelo rústico en el paraje conocido como El Sierro Chico para instalar sus oficinas.
Dichos terrenos pertenecían a la familia de quien en aquel momento era alcalde del municipio, Javier Santamartina. Se da la circunstancia de que ocho meses antes de la compra de la finca y en un clima de fuerte oposición vecinal Santamartina había concedido a Berkeley los permisos municipales necesarios para instalar su sede en Retortillo y había recalificado sus propios terrenos (originalmente rústicos) para permitir la instalación de las oficinas.
De acuerdo con la certificación registral de la finca su precio de compra fue de 197.414 euros. El equivalente a 10.000 euros por hectárea. Un valor que duplicaba el precio de mercado en la zona.
Concejales a sueldo
La querella se dirigía también contra tres concejales del equipo de Santamartina (dos de ellos todavía en activo) también del Partido Popular. Según la denuncia, en el caso de los concejales, los tres han compatibilizado su cargo y por lo tanto la concesión de permisos administrativos con retribuciones de la empresa minera en concepto de “contratación de servicios”.
El juez ha desestimado la querella de Stop Uranio por considerar que las acusaciones son “infundadas” y que no existen indicios de los delitos que se les atribuían.
“Hemos sido acusados, vapuleados, intimidados e incluso llevados delante de un juez y, por ello, nos han sacado en todos los medios de comunicación como si fuésemos unos corruptos y mafiosos. Han intentado amargarnos la vida y también la de nuestras familias durante este largo año de investigaciones, con el doble interés de perjudicar a la empresa promotora y personalmente a nosotros, los demandados”, indican los ediles del PP.
Agregan que “durante los años que estuvimos al frente de Ayuntamiento nuestra función fue negociar lo mejor que sabíamos para que nuestro pueblo, Retortillo, obtuviese el mejor beneficio, siempre cumpliendo con la legalidad, ni favoreciendo ni perjudicando deliberadamente a ninguna de las partes. Nunca este Ayuntamiento ha hecho nada ilegal a sabiendas, junto con la ayuda del otro concejal del PSOE, que estuvo con nosotros codo con codo, hacemos todo lo mejor para nuestro pueblo .Es claro que todo ha sido una campaña orquestada, en la que haciendo uso de falsas acusaciones y calumnias, ciertas personas han tratado de buscar visibilidad a costa de nuestra reputación, la cual finalmente ha quedado fuera de toda duda”, concluyen.
