La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca autorizó este jueves el uso excepcional en suelo rústico de la mina de uranio de Retortillo, lo que permitirá a Berkeley Minera comenzar la construcción de las instalaciones mineras del proyecto.
Votaron en contra de autorizar de forma excepcional el uso de suelo rústico para construir una mina en el término de Retortillo los ecologistas, CCOO y COAG, mientras que UGT y las organizaciones empresariales se abstuvieron.
Berkeley recibió esta decisión con “satisfacción, al confirmar el excelente trabajo que se ha llevado a cabo durante estos 10 años. Esta resolución confirma nuestra inversión en el proyecto, lo que nos permite acelerar nuestro proceso de contratación, creando más de 2.500 empleos directos e indirectos en una región que padece altos niveles de desempleo”.
Reitera que ya ha invertido más de 70 millones de euros en el proyecto “con los más altos estándares de calidad en materia de medio ambiente, salud y seguridad, y continuaremos en esa línea, con la idea de invertir más de 250 millones de euros en los próximos años”.
Por su parte, la plataforma Stop Uranio, contraria al proyecto, explica que la instalación de una mina de uranio, con planta de beneficio y depósito de residuos radiactivos en Retortillo “traerá consecuencias funestas para Salamanca”.
Señala que para que Berkeley pueda empezar a construir la mina necesita tener la autorización del Ministerio de Industria y Energía, que está aplazada durante dos años, y la autorización provisional está recurrida por la plataforma en la Audiencia Nacional. Además, necesitaría la licencia urbanística del Ayuntamiento de Retortillo, un trámite para el que la empresa no tendrá problemas.
Stop Uranio indica que la decisión de la Comisión Territorial de Medio ambiente se ha tomado “a espaldas de la mayoría de los habitantes de la comarca, como se ha demostrado en las diferentes concentraciones que hemos realizado, corroborado con el posicionamiento en contra de los alcaldes de la zona”.
CCOO asegura que «si bien este proyecto cuenta con todas las autorizaciones y procedimientos legales que se han ido solicitando, entendemos que difícilmente puede considerarse esta explotación de interés general, cuando se contrapone con intereses que afectan a terceros, en algún caso y que conlleva una serie de efectos secundarios en su explotación, que aún están pendientes de valorar y que creemos importante tener en cuenta, a medio y largo plazo, una vez que comience la extracción de este mineral».
Precisa que «en ningún caso nos oponemos a la apertura de cualquier centro de trabajo en nuestra provincia ni a cualquier fuente de desarrollo económico en esta comarca, pero sí que manifestamos nuestra oposición por la incertidumbre que sobrevuela sobre las consecuencias posteriores, contaminación ambiental, acústica y de las aguas de la zona».
