El Tribunal Supremo anunció este martes la apertura de juicio contra la senadora socialista por Salamanca Elena Diego, para quien el fiscal pide ocho años de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa, cometido cuando era alcaldesa de Villamayor por la contratación irregular de dos monitoras de cultura.
Junto a la senadora será juzgada Cándida Egido, concejal del mismo Ayuntamiento en el momento de los hechos.
Las acusaciones, además de la condena por prevaricación, han solicitado una responsabilidad civil para las dos acusadas de 30.000 euros.
Según el ministerio público, Diego dictó un decreto en el que acordaba la contratación de dos empleadas, aunque una de ellas «ni siquiera» había participado en el concurso de méritos y otra no figuraba en la propuesta que elevó el tribunal calificador con los aspirantes que habían superado las pruebas con mejor puntuación. El interventor formuló reparos sobre este hecho.
El pasado mes de septiembre, la Mesa del Senado aceptó tramitar el suplicatorio del Tribunal Supremo contra la senadora Diego, que se concedió a mediados del mes de octubre.
Declaración voluntaria
Ya en febrero de 2014, la senadora declaró voluntariamente ante el Supremo y negó haber participado en el proceso de selección. Según dijo, poco después de la contratación el interventor municipal le comunicó después que se había producido una irregularidad administrativa y entonces firmó el informe de reparación por el cual se modificó el contrato de una de las trabajadoras.
La segunda monitora, según su versión, obtuvo el empleo tras renunciar dos aspirantes al puesto. Diego aseguró además que ninguna de las dos monitoras tenía vínculo personal o político con el Ayuntamiento.
El asunto había sido elevado al Supremo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca, que encontró indicios de delito contra Diego y la edil en relación con la contratación de monitores culturales y deportivos realizada por el Ayuntamiento de Villamayor para el curso 2008-2009.
Las contrataciones
La Concejalía de Gobierno e Interior del Ayuntamiento de Villamayor solicitó en agosto de 2008 a la alcaldía promover la contratación de monitores culturales y deportivos para desarrollar actividades de ocio y tiempo libre para el curso 2008-2009.
El 30 de septiembre de 2008 la alcaldía acordó contratar a nueve aspirantes propuestos por el tribunal calificador, pero un mes después la concejal de Gobierno, solicitando la aprobación del expediente de nómina correspondiente al mes de octubre de 2008, incluyó junto a las nueve personas contratadas a otras dos más.
Lo que deberá probarse en el juicio es si estas contrataciones fueron irregulares y si la decisión de hacerlas correspondió a la alcaldesa y la adoptó sabiendo que era injusto hacerlo.
La fecha del juicio está por determinar.
