El PP sacará adelante en solitario el aforamiento del Rey honorífico Juan carlos I y de parte de la familia real, tras la abstención del PSOE y de CiU en la Comisión de Justicia del Congreso.
El resto de los partidos votaron en contra de incluir a Juan carlos I entre los aforados por considerar que es “blindarlo” ante la acción de la justicia. El Rey perdió la inmunidad el pasado 19 de junio, cuando se produjo la proclamación del rey Felipe VI.
Ante la pérdida de su inviolabilidad, el PP se ha apresurado a incluir el aforamiento del exmonarca en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (la que regula las condiciones laborales de los jueces y fiscales).
Un pleno extraordinario aprobará este jueves el aforamiento de Juan Carlos I, la reina Letizia, la princesa Leonor y su futuro cónyuge.
Demandas de paternidad
A partir de ahora el Rey sólo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo.
La cadena británica de televisión BBC atribuye estas prisas por aforar al rey a que le esperan dos demandas de paternidad que no fueron admitidas a trámite en 2012. Se trata de Albert Solá Jiménez e Ingrid Jeanne Satiau, quienes reclaman ser reconocidos como hijos del Rey. En ese momento fueron rechazadas por el estatus especial que le confería «inviolabilidad e irresponsabilidad», pero ahora, durante el tiempo que Juan Carlos de Borbón esté sin esa protección, las demandas podrían presentarse en los tribunales ordinarios.
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Aforado.- Un aforado es la persona que por razón del cargo goza del derecho a ser juzgado por un tribunal diferente (Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia) al que correspondería a todo ciudadano de a pie. A este derecho a ser juzgado por tribunal distinto a los ordinarios se le conoce como fuero o privilegio en materia de jurisdicción y se extiende a cualquier delito cometido, sea o no en el ejercicio del cargo.
Es una garantía del desarrollo libre e independiente de cargos o funciones considerados esenciales para la marcha del Estado.
Dada la relevancia de los cargos que estas personas ostentan, su enjuiciamiento criminal puede verse sometido a influencias o presiones. Por ello se entiende que confiriendo competencia a los tribunales que conforman la pirámide judicial en el ámbito estatal (Tribunal Supremo) y autonómico (TSJ) se estaría jugando a favor del mantenimiento de la mayor dignidad posible del cargo que se afora.
