El Día de la Provincia de este año estaba destinado a homenajear a los primeros nueves presidentes de la Diputación Provincial desde el advenimiento de la democracia.
Se daba la feliz circunstancia de que todos están vivos, porque han pasado 40 años, y en condiciones de asistir al acto.
Pero llegó el presidente actual del PP provincial y de la Diputación, Javier Iglesias, y convirtió el acto en un mitin para pedir apoyo ciego al Gobierno en la crisis abierta por el independentismo.
Tras mostrar repetidamente a lo largo de su discurso su «sorpresa» por lo ocurrido, dijo que «ahora, ante el desafío secesionista toca actuar. Es necesario fortalecer la unidad de la España constitucional para defender sin fisuras ni titubeos la soberanía nacional. Es fundamental estar al lado del Gobierno en esta causa justa«, dijo.
De cualquier modo, sus antecesores fueron homenajeados ante una nutrida representación de alcaldes y las principales autoridades civiles y militares de la provincia. Fueron presentados de uno en uno para entregarles un diploma, y se sentaron en fila en el templete desde el que se realizaron las intervenciones.
Los homenajeados fueron Antonio Gómez Rodulfo (presidente entre 1979-82), José Muñoz (1982-83), Juan José Melero (1983-88), Rosario Diego (1988-91), Jesús Dávila (91-95), Gonzalo Saiz (95-96), Alfonso Fernández Mañueco (96-2001), Manuel Sánchez Velasco (2001-03) e Isabel Jiménez (2003-11).
Gabriel de la Mora, único diputado de Ganemos, dijo posteriormente que «nuevamente, en el Día de la Provincia, se ha vuelto a poner de manifiesto la lejanía entre la sociedad y sus representantes políticos. Entre la realidad y lo que los políticos dicen que sucede. El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, se ha olvidado del abandono y pésima situación en la que se encuentran los pueblos de la provincia, incluso a pesar de la existencia de la institución que dirige, supuestamente orientada a asegurar la prestación de los servicios en el medio rural».
Añadió que «sin embargo, no se ha olvidado de recordar la mediocridad intelectual del patrioterismo nacionalista que profesa su partido, idéntico al del independentismo catalán, contra el que no se utiliza más que una ley injusta, que obliga a contar con la autorización del gobierno central para hacer cualquier tipo de referéndum».
