Piden explicaciones por el cargo que le han dado a una concejala del PP

La comunidad educativa recela del nombramiento de la concejala del PP en el Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Sánchez Bellota, como nueva inspectora coordinadora de distrito por dudar de que en dicho nombramiento hayan concurrido los principios de legalidad, mérito y capacidad.

El Procurador del PSOE por Salamanca, Fernando Pablos, atendiendo a la mala acogida y las dudas que han provocado entre la comunidad educativa de Salamanca los nuevos nombramientos en la inspección educativa de la provincia, ha registrado este jueves en la Cortes de Castilla y León una serie de preguntas interpelando al Gobierno regional, y pidiendo explicaciones, sobre la tramitación y las razones en relación a estas decisiones que permitan justificar y aclarar sospechas sobre el nombramiento de dichos cargos.

El pasado 1 de agosto, el director provincial de Educación de Salamanca trasladaba a la Junta de Castilla y León la propuesta de nombramiento como nuevo inspector jefe educativo de Carlos P. M, nombramiento que fue aceptado un día después para que comenzara el ejercicio de sus funciones con fecha del 1 de septiembre de este mismo año.

Sorprendentemente, y sin explicación alguna,  antes de que dicho nombramiento tuviera efecto, el director provincial anula dicha propuesta mediante escrito, fechado el 30 de agosto, y en el que se propone a Mª Victoria B. A. Propuesta aceptada al día siguiente y que permite que la nueva jefa de inspección comience a ejerce este cargo el primer día del mes de septiembre.

Entre las primeras decisiones de Mª Victoria B. A. como nueva inspectora jefe educativa está la designación de los tres inspectores coordinadores de distrito,  entre los que aparece curiosamente la concejala del PP en el Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Sánchez Bellota, nombramiento que ha provocado una gran polémica y levantado sospechas entre toda la comunidad educativa.

Un hecho que ya ha motivado la intervención del procurador socialista salmantino, quién ya ha pedido aclaraciones y explicaciones a la Junta, con el fin de garantizar y defender que las decisiones de nombramientos en Salamanca se hacen y se realizan siguiendo los principios de legalidad, méritos y capacidad que son de obligado cumplimiento en este tipo de cuestiones.