Ganemos Salamanca denunció de nuevo este martes que la gestión económica del Equipo de Gobierno del Partido Popular “va en contra de los intereses municipales”, tal y como asegura su concejal Gabriel Risco. Durante la Comisión de Bienes y Contratación se han presentado los pliegos de condiciones para la contratación de tres licitaciones por un valor total de 4 millones de euros anuales, con unos criterios “que pueden permitir orientar el resultado de la licitación” y, en consecuencia, que podrían dar prioridad a unas empresas por encima de otras.
Las condiciones que deben cumplir las empresas que opten a las contrataciones quitan peso a los criterios objetivos (datos cuantificables, como puede ser el precio del contrato), y dan mayor importancia a los de carácter subjetivo (“criterios que dependen de un juicio de valor”, según recogen los documentos). Esto hace que la selección de las ofertas dependa de “criterios demasiado abiertos que, en un momento determinado, pueden inclinar la balanza para beneficiar a alguna empresa favorita, cuando todas las empresas deberían tener las mismas oportunidades y el proceso debería ser lo más objetivo e igualitario posible”, explica el edil de Ganemos.
En concreto, se trata de los pliegos de condiciones para contratar los servicios de señalización horizontal y vertical, semáforos y alumbrado público (por valor de 1 millón de euros al año para las dos primeras y 2 millones para la tercera). En los casos de señalización y semáforos, y según recogen los pliegos, las cantidades pueden ser modificadas en un 50 por ciento una vez firmados los contratos, lo que supondría “aumentar el desembolso de dinero público con una flexibilidad extrema y sin miramientos”, asegura Risco.
Asimismo, Ganemos pide sustituir por otra persona al actual responsable de los los contratos de señalización y semáforos, el funcionario jefe de la Policía Local. En este sentido, el concejal Risco apunta que este funcionario “ya ha demostrado su ineficacia al permitir una situación de ilegalidad de dos años y medio en la prórroga a Aceinsa”, la empresa concesionaria de la señalización horizontal y vertical (Ganemos llevó recientemente el caso ante el Juzgado de lo Penal). Además, si los pliegos de condiciones establecen que los interlocutores de las empresas deben ser personas tituladas en Ingeniería, “la lógica indica que también desde el Ayuntamiento se debería contar con especialistas en este mismo sector como personas de contacto”, explica Risco.
Otro de los problemas detectados en los pliegos es el hecho de que no se admitan posibles mejoras a aportar por las empresas que opten a las licitaciones de señalización y semáforos. Sin embargo, el pliego sobre alumbrado público sí incluye esta opción, pero limita el importe que la empresa aportaría sin coste para el Ayuntamiento. “No se entiende el porqué de esta restricción, pues no favorece los intereses municipales”, asegura Risco.
