Arrancó este miércoles en Sevilla el primer juicio de los ERE falsos de la Junta de Andalucía nueve años después de que se destapara la trama. En el banquillo de los acusados se sentarán 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre los que se encuentran Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos ex presidentes autonómicos.
Los altos cargos de la Junta de Andalucía que han sido acusados crearon supuestamente un “procedimiento específico” con el fin de eludir la fiscalización de la Intervención General de la Junta en la concesión de ayudas sociolaborales a empresas en crisis. Esto tuvo lugar entre el año 2000 y 2011 y supuso un desembolso de 855 millones de euros que, en parte, fueron a parar a empresas vinculadas a concejales socialistas.
Con este dinero también se pagaron prejubilaciones a personas que no pertenecían a esas empresas (intrusos) y otro tipo de gastos a personas vinculadas a los supuestos responsables de la trama.
El Ministerio Fiscal pide para Griñán una pena de seis años de prisión y 30 de inhabilitación por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación. También solicita una pena de diez años de inhabilitación a Chaves por delitos de prevaricación, ocho años de cárcel para varios exconsejeros y otros diez años de inhabilitación para Zarrías y Álvarez.
Por otro lado, la Junta de Andalucía pide archivar este caso al considerar que no existe “trama criminal” y negar las acusaciones, y el PP-A pide dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Chaves y ocho de cárcel y 42 de inhabilitación para Griñán.
Los dos expresidentes de la Junta se han declarado inocentes y aseguran que encaran este procedimiento judicial con “mucha tranquilidad”.
