Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT exigen conjuntamente al Ministro de Justicia la convocatoria urgente de mesa de negociación para abrir el diálogo sobre los problemas que a diario tienen los funcionarios, ciudadanos y profesionales del ámbito no transferido y para la mejora general de las condiciones de trabajo relativas a la formación profesional, a salud laboral, a la defensa de la igualdad, homologación de retribuciones y solución a los fallos de las nuevas tecnologías.
Los sindicatos pidieron el pasado 4 de diciembre la apertura de negociación, dando un ultimátum al ministro por la «inaceptable actitud y el gran desinterés que demuestra para el colectivo de funcionarios de la administración de Justicia y el buen servicio a la ciudadanía».
Los reiterados anuncios del Ministro de Justicia sobre oferta de diálogo y de buena disposición para arreglar los múltiples problemas que existe «devienen falsos cuando se solicita la convocatoria formal de mesa de negociación y la respuesta es de absoluto desinterés», señalan.
Los fallos continuos en la modernización de la justicia se mantienen a pesar de las inversiones millonarias de dinero público. Añaden que la desigualdad de trato y salario es «inaceptable». En el ámbito competencial del Ministerio de Justicia (Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla así como Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado y Fiscalías especiales) por el mismo trabajo existe una diferencia salarial de más de 400 euros al mes con respecto a los funcionarios destinados en las comunidades transferidas.
Los funcionarios de Justicia como cuerpos nacionales tienen un estatuto único para todo el Estado, regulado por ley, por lo estos sindicatos exigen “a igual de trabajo, igual salario”.
Exigen, asimismo, mejoras reales para los juzgados de Violencia de Género y juzgados de guardia, solución a los fallos en nuevas tecnologías y LexNET.
«Queremos, por tanto, denunciar la frivolidad del Ministro Catalá y el desprecio al personal de la Administración de Justicia cuando manifiesta públicamente su talante negociador pero a la hora de la verdad rehúye la negociación para los más de 9.000 funcionarios de justicia y únicamente negocia con las asociaciones de Jueces y Fiscales», explican.
Aseguran que por estos motivos se ven «obligados a utilizar todos los medios a nuestro alcance de denuncia y caso de mantenerse el ministro en esta actitud nos obligará a plantear un conflicto generalizado en la administración de Justicia que iniciaremos con movilizaciones a comienzos de 2018″.
