Terminado el año 2017 el PSOE afirma que «se confirma el escaso grado de ejecución de las inversiones que el Gobierno de Mariano Rajoy tenía previstas en los Presupuestos Generales del Estado para la provincia de Salamanca a lo largo del pasado ejercicio».
Un hecho que constituye, según palabras del diputado socialista por Salamanca, David Serrada, “una auténtica estafa y un engaño a los salmantinos puesto que esta escasa ejecución coincide además, con la peor cifra de la historia presupuestaria que un gobierno había destinado a Salamanca.
Una inversión que en el pasado año quedaba fijada en poco más de 40 millones de euros, unos 120 euros por habitantes, que suponía un descenso del 27,1% con respecto al 2016, muy por debajo de la media tanto nacional como de la comunidad, y que dejaban a la provincia salamantina a la cola de Castilla y León y una de las últimas a nivel de inversión en España”.
En este sentido, el Ejecutivo de Mariano Rajoy afirma que de los 381.032,16 euros presupuestados para inversiones en el ámbito del Ministerio de Justicia en el año 2017, tan sólo se han certificado 59.701, 28 euros, o lo que es lo mismo, poco más del 15% de lo previsto o presupuestado.
Según reconoce el propio Gobierno en repuesta a la interpelación del parlamentario salmantino, de los cerca de 80.000 euros destinados al nuevo edificio de los juzgados de Vitigudino, solo se reconocen como ejecutados 13.235,74 euros, poco más del 16%, y no se ha certificado ni un solo céntimo de los 23.122,25 euros, ni de los 9.716,45, previstos para la aislamiento de caja de escalera y reparaciones en la cubierta de los edificios de los juzgados de Ciudad Rodrigo y Béjar respectivamente.
A la falta de ejecución y los incumplimientos en relación a dos de los proyectos estrella que el Gobierno de España incluía en sus Presupuestos para Salamanca como eran la electrificación de la línea férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro y el Regadío de La Armuña, se suman ahora las partidas en materia de Justicia, donde en el apartado de obras menores solo se han certificado pequeñas cantidades, en su mayoría dedicadas a renovación de mobiliario y reformas de dependencias, según reconoce el propio Gobierno de España a una pregunta escrita realizada por el diputado del PSOE por Salamanca, David Serrada.
