La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido este martes el juicio contra L.C.H. por atestar tres puñaladas a un joven con intención de robarle el teléfono móvil para costearse su adicción a las drogas. Aunque el acusado y su letrado mantienen que no existía intención de homicidio, tanto la acusación como el Ministerio Fiscal consideran que al agresor no le hubiera importado si la víctima hubiera perdido la vida.
Los hechos se remontan a agosto de 2016, en torno a las 23.30 horas, cuando la víctima había salido de trabajar y esperaba la llegada del autobús metropolitano para regresar a su casa. Se sentó en las escaleras de la Gran Vía y se entretuvo con su teléfono móvil. Fue en ese momento cuando el acusado, L.C.H., pasaba por el lugar después de haber ido a comprar cerveza a la tienda veinticuatro horas.
Según él, había estado consumiendo drogas y tenía intención de seguir haciéndolo, pero no tenía dinero para costearse su adicción. Se acercó a la víctima para amenazarle con una navaja de pequeño tamaño a cambio de su móvil. El joven no entendió lo que el agresor le estaba diciendo y tampoco vio el objeto punzante. Cuando L.C.H. le arrebató el teléfono de las manos, la víctima le agarró por la camisa para evitar que huyera y ambos se enzarzaron en un forcejeo.
Según explicó en el juicio, sintió tres puñetazos en su costado izquierdo, lo que le hizo recular y darse cuenta de que estaba sangrando de forma abundante. El acusado aprovechó entonces para correr y montarse en un Opel robado para huir. El joven, herido tras las tres puñaladas, corrió hasta un bar cercano, desde donde se avisó a la Policía.
Posteriormente, fue trasladado al Hospital, donde le hicieron pruebas, le cerraron la herida y le mantuvieron ingresado dos días en la UCI y 10 días en habitación. No necesitó de operación quirúrgica y las heridas, de entre 1 y 2 centímetros de longitud, no eran muy profundas, pero pudo haberle causado peores secuelas e, incluso, la muerte por hemorragia o infección.
El Ministerio Fiscal pide una pena de 11 años de prisión, 7 de ellos por delito de homicidio en grado de tentativa y 4 años por robo con violencia e intimidación. Así mismo, pide 3.500 euros de indemnización por lesiones y 3.800 euros por las secuelas. El letrado de la defensa considera que la pena debería reducirse debido a que el acusado padece varias enfermedades mentales que afectan a su voluntad, entre ellas trastorno de la personalidad, y es consumidor de estupefacientes.
L.C.H. aseguró en su declaración que no tenía ninguna intención de atentar contra la vida de su víctima, pues solo quería dinero. Ante la pregunta de si estaba arrepentido de lo que había hecho, manifestó que “arrepentido no, lo siguiente”, explicando que matar a alguien “no se me pasa por la cabeza”. Según su narración, acababa de salir de la prisión de Soto del Real tras una condena de siete años.
