Los ocho miembros del consejo de administración de la antigua Caja España citados a declarar este lunes por el juzgado de León que investiga un presunto delito de administración desleal de la cúpula de la entidad de ahorros, coincidieron en señalar que siempre tomaron las decisiones en función de los informes técnicos, desde la legalidad y buscando el beneficio de Caja España.
No obstante, de los ocho citados sólo el exalcalde de León, Francisco Fernández Álvarez, prestó declaración al juez, ya que los siete restantes -Miguel Ángel Álvarez Sánchez, Bernardo Fernández Álvarez, Artemio Domínguez González, Alfredo Fernández Salvadores, Juan Elicio Fierro Vidal, Alejandro Menéndez Moreno y Francisco Javier García-Prieto- se acogieron a su derecho de no declarar.
Fernández Álvarez aseguró a la salida de los juzgados que después de nueve años “aguantando el chaparrón” por este caso la “fuerza de la razón” le permite seguir con la “cabeza alta y muy tranquilo”. El exregidor, que anunció que cuando se resuelve todo el proceso ofrecerá una rueda de prensa para dar toda la información, se limitó a declarar que “las cosas están claras”.
El Juzgado número cinco investiga al consejo de administración de Caja España entre 2009 y 2012 por la refinanciación de una serie de préstamos a favor de empresas del que entonces era presidente de la entidad, Santos Llamas.. En total, según sostiene la Fiscalía, estas operaciones generaron un perjuicio económico a la entidad de casi 60 millones de euros.
Sin embargo, el abogado Jesús Sánchez Lamas, que lleva la defensa de Artemio Domínguez González, Juan Elicio Fierro Vidal, Alejandro Menéndez Moreno y Alfredo Fernández Salvadores, afirmó que no hay nada en la denuncia que determine que hubo una conducta de administración desleal. “Ellos no concedieron los créditos, se limitaron a mantener una situación que era inevitable y a crear en León un espacio temporal para que aquello no hubiera estallado. Podía haber estallado la Caja y el resto de las empresas de León, pero aquello se evitó gracias a la lealtad de estos señores”, afirmó.
A su vez, Jesús Sánchez también se mostró convencido que después de la declaración del exalcalde de León, la Fiscalía pida el archivo del caso y el juzgado lo conceda.
Sobreseimiento
Por su parte, Miguel Ángel Álvarez Sánchez, representante de UGT en el consejo de administración de la entidad bancaria, argumentó su negativa a declarar a la espera que se resuelva un auto de sobreseimiento pendiente de decidir, pero también apuntó que las “circunstancias del caso” pueden cambiar ya que uno de los implicados en el proceso puede estar afectado por un aforamiento, en referencia al diputado zamorano Fernando Martínez Maíllo.
No obstante, en declaraciones a los medios a la salida de los juzgados, Álvarez Sánchez recalcó que el consejo de administración, “desde la honestidad”, siempre tomó las decisiones “más convenientes y más beneficiosas para la Caja”.
Refinanciación
Fuentes del proceso aseguraron a Ical, que todas las decisiones se tomaron a propuesta de los técnicos y con el aval de la Junta de Castilla y León y explciaron que se trató de una refinanciación de créditos que provenían de 2004 y 2005 y cuyos intereses se habían pagado con normalidad hasta finales de 2008, año en el que la entidad es objeto de Estudio por parte de la Inspección del Banco de España y no detecta ninguna anomalía en esta concesión. Asimismo, señalaron que ante las dificultades de la sociedad derivadas de la crisis económica se hizo un estudio de la situación y se le ofreció un plan de refinanciación que incluía una cadencia de tres años y un aumento del tipo de interés, es decir, unas condiciones similares a las que, en ese momento, recibían otros promotores inmobiliarios.
