Los sindicatos de Salamanca forman parte de una reivindicación nacional a favor del derecho a la huelga y al indulto de más de 200 afiliados acusados de ejercer ese derecho. Dado que no hay ningún salmantino entre los inculpados los secretarios de ambas instituciones han elaborado un manifiesto para entregar al subdelegado del Gobierno de la ciudad como acto “simbólico”.
La Constitución Española configura la huelga como uno de los derechos fundamentales en los que se asienta nuestro Estado social y democrático de derecho. Así comienza el manifiesto entregado este miércoles al subdelegado de Gobierno por los secretarios provinciales de CCOO, Emilio Pérez Prieto, y de UGT, José Luis Hernández Rivas.
La razón de esta reivindicación nacional es defender el derecho a la huelga, la libertad corporativa y detener este “ataque sindical” que tiene a más de 200 afiliados afectados de procedimientos administrativos y penales tras participar en la convocatoria y organización de huelgas generales.
Los secretarios critican la ejecución del ministerio fiscal y “la mano política que hay detrás”, que está pidiendo las penas máximas, de hasta 8 años de cárcel, para los afectados algo “desproporcionado” para el derecho a la huelga que se ha desarrollado durante 35 años en España.
Radicalización
José Luis Hernández asegura que «no amparan ni defienden» a aquellas personas que hayan tenido actitudes o comportamientos ilegales, pero que tampoco están dispuestos a que se presione a las organizaciones sindicales para mermar su derecho de huelga y de manifestación y que se siga amenazando a la clase trabajadora para que vean como una amenaza el ejercicio de ese derecho de huelga. Es más, afirma que esto “terminará provocando que la ciudadanía se radicalice de una manera más contundente, porque nos quieren asustar con estas penas de cárcel”.
Esta no es la manera de actuar, asegura. “No nos costa que haya habido ni agresiones ni delitos graves como amenazas o entrar en empresas sin permisos”, estas personas “están imputadas por haber informado a los trabajadores en una jornada de huelga”.
De oficio
El secretario de UGT explica el proceso que se seguía con la justicia en cada manifestación. “Hasta ahora se recogían los nombres de los huelguistas apuntalados a las puertas de las organizaciones y se les aplicaba el artículo 315. Cuando se producía algún altercado o invasión, como por ejemplo del espacio privado de una empresa, se aplicaba el código penal en estos términos de manera individual entre agredido y agresor. Ahora se hace de oficio y donde se han producido incidentes se les aplica a todos el código penal de manera colectiva, a los que se encuentran en la puerta. No hay denuncia de empresarios o individuales. De manera que es el propio ministerio fiscal el que acusa de oficio”, explica.
Esta campaña de reivindicación y denuncia lleva dos meses. Ha habido reuniones con el propio ministro de Justicia y en todas las subdelegaciones y delegaciones de Gobierno, y no parará hasta conseguir “que se anulen determinadas penas, se retomen algunas sentencias, y no se utilice el código penal para castigar un derecho fundamental”, sentencia el secretario de UGT.
