[dropcap]A[/dropcap]l lado de la escandalera que se ha montado a nivel nacional, donde llueven las reclamaciones, las protestas y las denuncias de los trabajadores interinos de los servicios públicos, el silencio forzado y estentóreo de la “oficialidad” (y aquí incluimos también a los sindicatos que colaboran en esta operación de tapadera) marca un claro contraste. Y ese contraste es el que se establece entre un FRAUDE DE LEY (según la justicia europea) al que han sido sometidos miles de trabajadores interinos del servicio público, en ocasiones durante décadas, y esa actitud de “aquí no ha pasado nada” (a lo don Tancredo) en la que se han puesto de acuerdo Administración y algunos sindicatos, coautores del destrozo, como si la explotación laboral y la estafa prolongada en el tiempo fueran cosa de lo más normal.
Con esta Administración y estos sindicatos no es necesario temer a los feroces neoliberales que no creen en el servicio público ni en el Estado y lo quieren privatizar todo, recortándolo y deteriorándolo primero, para venderlo a precio de ganga y hacer negocio redondo después. Ya gestionan ellos esa operación de deterioro y derribo.
En ese pacto de silencio tan significativo parece que subyace un claro sentimiento de culpa porque hubiera sido difícil mantener a tantos trabajadores del servicio público (cientos de miles) y durante tantos años (15-20 años) explotados, estafados y en fraude de ley, sin un engranaje perfectamente engrasado donde el tándem en cuestión, Administración-sindicatos, han practicado las más avanzadas técnicas de explotación laboral y la más discriminatoria e injusta clasificación de los trabajadores en trabajadores de “primera” y “segunda” clase, considerando oportuno y rentable mantener a los segundos en un eterno limbo de temporalidad y provisionalidad “estructural”, valga la contradicción, puesto que lo temporal y provisional no puede ser al mismo tiempo estructural y permanente, salvo que seamos artífices y mantenedores de una gran mentira, mentira o trampa que nos acerca a las técnicas más mezquinas de la gestión laboral. La “segunda clase” sale más barata, de la misma forma que el esclavo sale más barato que el hombre libre en plenitud de sus derechos, esa es la cuestión.
Ocurre sin embargo que para la justicia europea (y el sentido común que en nuestro país falta) a igual trabajo iguales derechos. La explotación de los interinos deja de ser negocio por un simple requerimiento de justicia, y una vez usados y descubierta la estafa se les puede tirar a la basura.
Y henos aquí con miles de trabajadores públicos españoles de la sanidad, de la educación, de la justicia, que tras ejercer su puesto de trabajo durante 10, 15, 20 años sin darles –en fraude ley- ninguna posibilidad de consolidar (pues un interino sale más barato que un fijo) no saben ahora donde acabarán ellos y sus familias tras haber asentado sus hogares y enraizado su vida en sus respectivas localidades de trabajo, pues 20 años dan para eso y para más.
Ahora y gracias a la genial gestión de sindicatos y Administraciones públicas ya no sólo están en el limbo de la incertidumbre laboral sino en la cuerda floja de la incertidumbre existencial, y se les pide muy coherentemente -ahora si- que saquen tiempo entre obligaciones domésticas (y familiares) y agotadores trabajos, para en plena madurez avanzada superar unas pruebas fundamentalmente memorísticas que desprecian en grado sumo su experiencia laboral y sus servicios prestados.
Lógico y comprensible que se disparen las protestas y las denuncias, pues de víctimas de un fraude de ley (así calificado por Europa) prolongado y estirado en el tiempo pasarán ahora a la rejuvenecida condición de aspirantes a un puesto “estructural” de trabajo que han ejercido “provisionalmente” durante 20 años.
Ahora y gracias a la genial gestión de sindicatos y Administraciones públicas ya no sólo están en el limbo de la incertidumbre laboral sino en la cuerda floja de la incertidumbre existencial
En estas condiciones, con un fraude de ley de estas dimensiones, que se ha prolongado impunemente durante lustros, considerar que la solución viene de una macro-OPE que es un macro-ERE encubierto, es una macro-tomadura de pelo. A una situación tan anormal que la justicia europea la califica de fraude no se le puede dar una solución normal. Para esa solución “normal” se ha pasado el plazo “legal”, y gracias a esa solución “normal” o “normalizada” muchos de ellos y sus familias acabarán en la calle y en el paro. ¿Legalmente? ¿Con total normalidad?
Progresismo puro y sindicalismo de primera.
ADENDA: INDIFERENCIA VERSUS REIVINDICACIÓN: Resulta penoso ver a los representantes nacionales de la atención primaria de nuestro país quejarse de su deterioro al mismo tiempo que se ocultan graves problemas de gestión que conducen a un incumplimiento de la jornada (retribuida) de consulta por un lado, y a la explotación de personal precario (el famoso «chico para todo») para tapar ese incumplimiento, por el otro.
Se requiere un nuevo modelo de coordinación del tiempo de consulta y el tiempo de guardia que contemple el cumplimiento de la legalidad, es decir el cumplimiento de la jornada legal, por parte de todos los profesionales de la atención primaria, y al mismo tiempo es urgente la dignificación y consolidación de los profesionales de atención continuada que han desempeñado un puesto de trabajo de la atención primaria en los últimos 10-15-20 años, y a los que un fraude de ley consentido y el interés mezquino de contar con personal precario y más barato, ha impedido dignificar y consolidar.
En este sentido, esos representantes nacionales de la atención primaria están falseando la realidad, y no poco colabora a esa falsificación ocultar que un colectivo ingente y fundamental de la atención primaria lo constituye el personal de atención continuada al que se mantiene en condiciones de precariedad e interinidad desde hace décadas.
Comentaba estos días un compañero médico de Castilla y León que se ve ahora en la tesitura, como solución “normalizada” a ese fraude, de competir con su hijo por una plaza (quizás la que el mismo ha desempeñado en los últimos 20 años) en la próxima oposición.
Resulta paradójico que esos representantes se quejen de la falta de médicos en atención primaria al mismo tiempo que no ponen ninguna traba – antes al contrario- al ERE encubierto por el que miles de médicos y enfermeros interinos de la atención primaria, que han desempeñado un puesto de trabajo durante 10-15-20 años, acabarán en la calle. Al parecer a estos profesionales experimentados, muchos de ellos personal de atención continuada, no es necesario «fidelizarlos», sino que una vez usados podemos prescindir de ellos, tirarlos por la borda, al mismo tiempo que ponemos el grito en el cielo porque faltan profesionales. Paradoja que en última instancia equivale a una gran hipocresía. Y no es necesario «fidelizarlos» porque sale más barato no hacerlo y es más “pragmático” negarles ahora mediante un cese masivo los derechos adquiridos y estafados durante tantos años en fraude de ley.
Comentaba estos días un compañero médico de Castilla y León que debido al inefable y prolongado fraude de Ley al que han sido sometidos los interinos de los servicios públicos españoles, se ve ahora en la tesitura, como solución “normalizada” a ese fraude (solución a lo don Tancredo), de competir con su hijo por una plaza (quizás la que el mismo ha desempeñado en los últimos 20 años) en la próxima oposición.
Nunca antes la gestión laboral había sido más mezquina en nuestro país ni se habían cometido tantos disparates juntos.
Ante un «sistema» de estas características que ha favorecido y permitido «desde dentro» un engranaje de discriminación y de explotación laboral continuada en el tiempo; que ha normalizado un evidente fraude de ley en el trato dado a los interinos; que ha pactado como solución a ese fraude, mirar para otro lado; que ha dado el visto bueno al hecho injusto de que ante un mismo trabajo las retribuciones y los derechos de los profesionales no sean los mismos, estableciendo castas entre ellos; y que ha utilizado a miles de interinos como mano de obra barata para al cabo de los años echarlos a la calle, es muy difícil identificarse ahora con dichos representantes nacionales cuando quieren movilizar a la profesión médica (¿a cuáles de ellos?) el 21 de marzo.
Así como el ya añorado Forges, recientemente fallecido, solía acabar pidiendo que no nos olvidáramos de Haití, yo quiero acabar recordando -una vez más- que en el SESCAM, servicio de salud de Castilla-La Mancha que en teoría vela por la salud de los ciudadanos, hay sanitarios PEAC (médicos y enfermeros) que hacen 65 horas seguidas de trabajo, no solo insalubres sino ilegales.
Progresismo puro. Sindicalismo de primera.
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