Los policías locales de Castilla y León secundarán las concentraciones convocadas, ante las subdelegaciones del Gobierno de las provincias de la Comunidad, los días 23 de marzo y 6 y 20 de abril, para exigir que el Ministerio de Hacienda emita el informe técnico favorable a la jubilación anticipada de la Policía Local, que mantiene paralizado 6 meses, impidiendo que el expediente pueda pasar al Consejo de Estado y de ahí al Gobierno, para que este -definitivamente- apruebe el Real Decreto que haga efectiva la esperada jubilación anticipada, después de una largo proceso.
La Plataforma por el Anticipo de la Edad de Jubilación de la Policía Local, que integran las organizaciones sindicales CSIF, CC.OO, UGT, CSC y COP han presentado este martes, en la sede de CSIF de Palencia, la campaña de movilizaciones que se han convocado en toda España, y que consisten -de momento- en concentraciones de una hora ante las subdelegaciones del Gobierno de las nueve capitales de la Comunidad, de 11:00 a 12:00 horas, los días 23 de marzo y 6 y 20 de abril, coincidiendo con las celebraciones del Consejo de Ministros. La continuidad o no de las movilizaciones dependerá de la diligencia con la que actúe el Gobierno, para acabar con este proceso y que la jubilación anticipada sea una realidad.
El responsable de Seguridad de CSIF Castilla y León, Valentín Martínez, insiste en que “no entendemos el motivo de la paralización del expediente de la jubilación anticipada de la Policía Local en el Ministerio de Hacienda, que tiene que dar el visto bueno, y que después de 6 meses sigue sin darlo. Ni el Ministerio ni el Gobierno nos han dicho nada, ni han dado alguna justificación”.
Martínez insiste en que la aprobación del decreto de la jubilación anticipada de la Policía Local cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos, incluido el del Gobierno, así como la aceptación de la Federación Española de Municipios y Provincias. “Es una petición que cuenta con el apoyo de todas las partes que están afectadas, incluida la administración central, por lo que no entendemos el porqué de la paralización del proceso”, remarca.
Explica que “los ciudadanos tienen que saber que la aplicación de la jubilación anticipada a los policías locales no supondrá gastos y costes añadidos a las cuentas públicas, ya que los pagos de la diferencia de las cotizaciones de la Seguridad Social, hasta los 65 años, las pagarán los ayuntamientos, siendo compensadas con la antigüedad y otros complementos de los agentes que se dejan de pagar, por jubilarse a los 60 años», indica.
La Plataforma por el Anticipo de la Edad de Jubilación insiste en que esta demanda de la jubilación anticipada de los policías locales es “razonable y conveniente”, ya que garantiza una mejor seguridad a los ciudadanos, y también salvaguarda la integridad física y la salud de los agentes locales. Explica que un policía de 60 años ya no está en las condiciones físicas -e incluso psicológicas- que exige la realización de ciertos servicios y tareas que tienen cierto riesgo. Asimismo, la aplicación de la jubilación anticipada en la Policía Local supone una equiparación respecto a otras fuerzas de seguridad y otros servicios públicos.
Además, la jubilación anticipada de los agentes locales «supondrá un alivio para los Ayuntamientos, que no tendrán que pasar a una segunda actividad profesional alternativa a los policías locales, al llegar a los 60 años, cuando las entidades locales no cuentan con puestos de trabajo para atender ese requerimiento que recoge la ley».
Valentín Martínez advierte de los “graves perjuicios” que causa, a los ayuntamientos, el retraso de la aprobación de la jubilación anticipada de la Policía Local. Indica que el tiempo que se necesita para que un agente ocupe el puesto de una vacante es de un año y medio aproximadamente, ya que la plaza no se puede convocar hasta que no quede vacía, y el nuevo agente que consiga la plaza aún necesita un tiempo de formación en la academia, antes de poder ejercer. La elevada edad media de los policías locales en Castilla y León, con un porcentaje significativo de agentes que pudieran acogerse a la jubilación anticipada, «podría colapsar los servicios de Policía Local en el 80% de los ayuntamientos de la Comunidad. Existen unos 380 policías locales en Castilla y León que tienen entre 59 y 65 años», señala.
