[dropcap]M[/dropcap]ucho me temo (es una forma de hablar), que este sábado las calles de numerosas ciudades españolas van a acoger manifestaciones multitudinarias de jubilados y personas de todas las edades en defensa de la dignidad de las pensiones.
Los ideólogos del liberalismo que han diseñado el fin del estado de bienestar, y especialmente los políticos que han abrazo con fe de conversos sus postulados y los llevan a cabo con una tozudez extrema, van a encontrar una respuesta ciudadana de una intensidad que, hasta ahora, no han tenido cuando han iniciado el acoso y derribo de la educación, la sanidad pública u otros recursos públicos.
Ver a personas mayores manifestándose en la calle por cientos de miles no es algo que hubiéramos visto antes. Estamos acostumbrados a que “esas cosas” las hace gente más joven, pero no los “viejos”. Sin embargo, parece que ese paradigma ha comenzado a cambiar.
No es de recibo que cuando el estado ha rescatado con miles de millones recaudados con los impuestos de los ciudadanos a la banca y, además, ha permitido que aquellos que la han arruinado en vez de ir a la cárcel se jubilen con indemnizaciones millonarias, o que se desahucie a miles de familias por esos mismos bancos, o que haya que rescatar a las empresas concesionarias de autopistas, o se malverse el dinero en obras faraónicas, o el número de cargos políticos sea muy superior a los países de nuestro entorno y gocen de privilegios que el resto de ciudadanos carece, no es de recibo decía que se plantee la viabilidad de las pensiones.
No hay que olvidar que a los pensionistas nadie les ha regalado la pensión, que se la han ganado trabajando durante toda su vida y cotizando a la bolsa común. Por tanto, sobran las advertencias relativas al futuro de las pensiones y especialmente sobran las palabras hirientes y faltas de respeto de altos cargos de la administración (por ejemplo, el gobernador del Banco de España) a los que nunca van a desahuciar y que tienen asegurado su futuro con fondos públicos.
El Estado tiene el deber de garantizar las pensiones y quienes administran los recursos del Estado deberían tener muy claro que desestabilizar aún más las pensiones, significa entre otras cosas que el propio Estado es prescindible.
