El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado prisión incondicional para el candidato a la Presidencia del Govern, Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los exconsellers Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, a petición de la Fiscalía y de la acusación popular de Vox. Llarena ha tomado esta decisión al término de una vista de medidas cautelares en el alto tribunal en la que ha atendido la petición de Fiscalía y de la acusación popular ejercida por Vox que han solicitado previamente prisión incondicional para todos ellos.
El Tribunal Supremo ha decidido procesar a los 25 de los 28 investigados a causa del procés catalán y fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros para los 14 miembros del Govern
La lista delos acusados por el desafío independentista catalán se hace más larga, ya que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decido enjuiciar a 25 de los 28 investigados del proceso catalán.
Por una parte, algunos de los investigados, un total de doce, serán juzgados por un delito de rebelión: el expresident Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Marta Rovira, que a través de una carta ha anunciado su huida a Suiza para no comparecer ante el juez, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comin, Dolors Bassa, Clara Ponsatí y Raül Romeva.
Del mismo modo, el juez procesará por malversación y desobediencia a los exconsellers Lluis Puig, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Meritxell Serret y Santi Vila; y por desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament, que incluyen a Anna Gabriel y a Mireia Boya, pertenecientes a la CUP. Con esto, el magistrado del Supremo excluye del auto al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, AMI, Neus Lloveras, y a la coordinadora del PdeCAT, Marta Pascal.
Pablo Llarena considera que la estrategia de ruptura de los independentistas no ha terminado aún, y cree que está “latente y pendiente de reanudación”, ya que los soberanistas estarían a la espera de recuperar el control de los poderes autonómicos.
A esto añade que el bloqueo a la Consejería de Economía el 20 de septiembre no fue del todo intimidatorio, tratándose tan solo de una limitación de la capacidad de actuación, «como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire».
El juez afirma que estos hechos «determinaron el efecto inherente a la violencia», y que existía un riesgo de que futuras movilizaciones terminaran en una violencia instrumentalizada para conseguir la independencia, por lo que el delito de rebelión del cual están acusados trece de los veinticinco procesados implica necesariamente el uso de la violencia.
Los catorce exmiembros del Govern catalán deberán pagar una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros.
Por su parte, la secretaria general general de ERC y el exportavoz, Marta Rovira, ha enviado una carta a la militancia dónde confirma que no acudirá a declarar ante el Tribunal Supremo y que se va «al exilio», concretamente a Suiza. Rovira estaba citada para una vistilla de medidas cautelares junto al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y los ex consellers Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.
