Gabriel Risco y Virginia Carrera, concejales de Ganemos Salamanca, han anunciado este lunes la interposición de una reclamación contra el presupuesto municipal de 2018 por considerar que algunos de sus aspectos no son legales. El objetivo de la agrupación de electores es que PP y C’s “reconsideren las lagunas que hay de vulneración de la legalidad y que el presupuesto que tenga nuestra ciudad tenga todas las garantías legales”.
Los concejales de Ganemos Salamanca se apoyan en el informe del interventor general, cuyas cuestiones ya se anunciaron en la aprobación inicial, para denunciar ciertas irregularidades en el proyecto de presupuestos. En primer lugar, señalan que “se trata de un presupuesto incompleto” que “no contempla individualizadamente todas las inversiones”.
En segundo lugar, subrayan que “tiene varias ilegalidades”. Una de las más importantes que han señalado es que “vuelve a introducir la reiterada base 24 que permite la prórroga ilegal de los contratos”. Los ediles de ganemos pusieron como ejemplo el contrato de señalización horizontal de la empresa Aceinsa. Por otro lado, manifiestan que otorga competencias al alcalde “que corresponden legalmente al pleno”, que, según han añadido, “tiene que ver con la posibilitad de modificación unilateral de las subvenciones nominativas y de las inversiones”.
En este sentido también han pedido que se retire la disposición adicional tercera que permite otorgar dinero por parte de los grupos municipales a los partidos políticos, “cuestión que es ilegal como también ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su auditoría a C’s”.
En tercer lugar, han querido hacer un “llamamiento al equipo de gobierno, que sigue incumpliendo la Ley de Transparencia”. Argumentan que no se ha colgado nada del presupuesto en la web municipal.
Por otro lado, han hecho una segunda petición de información que tiene que ver con la concesión del servicio municipal de aguas, el cual desde el año 1996 está atribuida a la empresa FCC Aqualia.
Según dispone el pliego de condiciones del contrato en la cláusula séptima, se plantea que cada cinco años la empresa tiene que actualizar el valor de la fianza según el IPC. Es esta actualización lo que pide Ganemos.
Los ediles de la agrupación de electores han manifestado que, si no atienden esta reclamación, acudirán al juzgado. Tienen que plazo hasta el próximo 5 de abril, fecha en la que se aprobará definitivamente el proyecto de presupuestos.
