Jueces y fiscales de Salamanca mantuvieron este jueves el tercer paro de una hora delante de los Juzgados, en protesta por la precarización y el recorte de derechos laborales que sufren sin que el Ministerio de Justicia y el Consejo general del Poder Judicial se den por aludidos. Todavía tienen convocado otro paro parcial el próximo jueves y, si nadie lo impide, irán a la huelga el día 22 de mayo.
Hace casi un año, el 16 de junio de 2017, las cuatro asociaciones judiciales suscribieron un documento con “14 propuestas para la mejora de la Justicia” al que se adhirieron más de 3.500 jueces y juezas y las tres de asociaciones de fiscales.
Las asociaciones reclamaban la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.
Las propuestas de las asociaciones judiciales se refieren al refuerzo de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la Carrera Judicial. Unas son claramente competencia de las Cortes Generales, otras del Ejecutivo y el resto del Consejo General del Poder Judicial.
El balance no puede ser más decepcionante. “No parece haber una mayoría clara en el Parlamento favorable a reformar el Órgano de Gobierno de la judicatura conforme a lo propuesto por las cuatro asociaciones judiciales, ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto. Y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la Carrera Judicial extensiva los fiscales”, explican. Y, es que, son funcionarios, pero tienen menos vacaciones que ellos.
El gobierno ha renunciado a incrementar el número de miembros de la Carrera Judicial y Fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea y no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones. En la actualidad hay muchos jueces sustitutos (no tienen la carrera judicial) y se necesitarían 1.200 plazas en todo el país para cubrir las necesidades, cuando el ministerio se ha comprometido a crear solo 300 y cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado.
Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años y se acometa la unificación de categorías entre las distintas ciudades (por el encarecimiento del coste de la vida). “Basta recordar que en el año 2010 se vieron reducidas las retribuciones muy por encima de la función pública, con el pago irrisorio de guardias de jueces y fiscales. Nada se hace por mejorar el proceso de digitalización, y en particular su desigual aplicación en el territorio nacional”, matizan.
El Consejo General del Poder Judicial, por su parte, ha hecho caso omiso a su propuesta sobre nombramientos judiciales, conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia. Y sigue sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la reciente sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
