[dropcap]E[/dropcap]n uno de los primeros párrafos del ensayo de Manuel Rivas «Contra todo esto», se lee:
«El primer paso para detectar una injusticia es que comparezca el sentido de la vergüenza. Es lo que va a hacerla visible como injusticia. Hay un sensor muy especial que transforma ese golpe óptico de la vergüenza en partícula de conciencia. Ese desequilibrio eficaz que Víctor Hugo vislumbró como <<la posibilidad de una lágrima en los ojos de la ley>>, en una de esas épocas miserables, distópicas, en que la tarea de la verdadera justicia no es cumplir la ley, sino liberarla de ella misma».
En ocasiones -y no pocas- la Ley es muy suya, entre otras cosas porque no atiende a razones, aunque estas sean muy justas y evidentes. Y es que la ley es una cosa, y la justicia otra muy distinta.
La Ley a veces padece de inercia mecánica, una suerte de esclerosis que la vuelve rígida y ciega.
Que sea ciega se considera una virtud, pero esa ceguera se refería sin duda a una prevención contra el sesgo que podía introducir en sus decisiones el poder político o económico de los implicados, no al contexto que podía explicar la justicia o injusticia del caso.
A veces es difícil saber en qué encrucijada del camino se pierden de vista la ley y la justicia. Más triste es -y esos casos no son raros- cuando nunca llegan a coincidir, es decir cuando la ley y la justicia recorren caminos paralelos que nunca convergen, Estados fracasados en que la Ley es instrumento de la injusticia.
Incluso en aquellos casos en que la Ley aspira al mismo fin que la justicia, ocurre en ocasiones que se embarulla en tales vericuetos «legales» que si bien cumple con la letra, traiciona el espíritu.
Por ejemplo, el hecho de que Europa incorporara a sus tratados el capitalismo salvaje del neoliberalismo como pensamiento único y oficial, puede que sea legal pero carece de justicia, o incluso de sensatez. El desorden actual procede de aquella insensatez, ni corregida ni metabolizada.
Caso ya notable y superlativo de esta esquizofrenia entre la legalidad y la justicia es el fraude de Ley del que han sido víctimas durante años los interinos de los servicios públicos españoles, al no ofrecerles -a veces durante décadas- la Administración española ninguna oportunidad de consolidar su puesto de trabajo, faltando así la Administración Pública a su propia Ley.
Es por ello que asistimos a la paradoja según la cual los sindicatos que firmaron recientemente un pacto vergonzante con Montoro para dar carpetazo a este asunto (extendiendo un tupido velo sobre dicho fraude), se declaran hoy guardianes de la legalidad y sus esencias, cuando hasta ayer mismo fueron consentidores de la estafa, Europa dixit.
He aquí otro vericueto legal por el que el respeto mecánico y a destiempo de la ley (ahora sí, pero antes no) consuma la injusticia.
Con indudable sentido común, los interinos estafados reclaman que antes de acometer (con fraudulento retraso) el cumplimiento de la legalidad vía OPE (ahora sí, pero no antes), habrá que dar una respuesta al fraude que le precede y a la situación que ha creado, no solo legal, sino humana y laboral, la cual afecta a miles de trabajadores, interinos longevos que tendrán evidentes dificultades para recolocarse o rehacer sus vidas en caso de cese. Algunos se han jubilado ya como interinos estafados. ¿Quién les indemniza?
Es de cajón.
Si en un silogismo que intenta llegar a una conclusión lógica nos saltamos una de las proposiciones, la inferencia no tiene ni pies ni cabeza y queda coja.
Cuando los sindicatos firmantes del pacto sobre los interinos (un ERE masivo para ahorrar al gobierno de Rajoy gastos en derechos legalmente adquiridos durante toda una vida laboral) excusan su actitud en el cumplimiento de la legalidad, se dejan en la sombra y fuera de foco (deliberadamente) el fraude de ley del que fueron víctimas, a veces durante toda su vida laboral, esos interinos de los servicios públicos. Escamotean de forma torticera una proposición a su silogismo, y este se cae de culo. Esto equivale a sustraer de un plato de la balanza de la Ley un hecho que pesa mucho: el fraude del que han sido víctimas esos interinos.
Uno de los eslóganes que manejarán las plataformas de interinos (en este como en otros casos, las plataformas de afectados están sustituyendo a los sindicatos, a los políticos, y a otras «Instituciones» que se están manifestando como inoperantes) en sus concentraciones previstas para el 17 de mayo será: «Primero soluciones, luego oposiciones». Recuperan así una de las proposiciones escamoteadas del silogismo incompleto, que los sindicatos y la Administración recortan torticeramente y contra toda justicia. Es decir, hay un fraude pendiente de resolver, y no hay otra forma de hacerlo que mediante el reconocimiento del derecho y la realidad de los estafados. Son reales, no son un espejismo. Cómo son reales los pensionistas y son reales las mujeres que reclaman sus derechos, por mucho que las Instituciones (incluidos sindicatos) vivan una vida paralela y autista.
Con más razón cuando en esos meandros que la ley encierra en su seno, no solo son transitables los que cumplen la letra matando la justicia, sino otros que conjugan el espíritu con la letra y hacen coincidir la legalidad con la justicia. Nos referimos a la transitoria cuarta del Estatuto Básico del empleado público, por ejemplo. Véase TREBEP artículo 61.6 y 61.7 que demuestra que si se quiere y hay intención, la legalidad también puede ser justa, además de legal.
La aspiración de toda legalidad debe ser la justicia, y si no tiene en cuenta el contexto -que en el presente caso es un fraude prolongado al que no se ha dado ninguna respuesta- ya no lo es. No basta con decir voy a consolidar «plazas» porque en este caso precede un fraude a las «personas», a las que se trata como simples «objetos» de usar y tirar, pero que sin embargo no son kleenex sino ciudadanos con derechos, al menos en Europa, de la que dicen formamos parte.
Hay que consolidar a los interinos estafados que ocupan esas plazas, falsamente eventuales, estructurales desde hace 10-20-25 años, y sacar “plazas» nuevas. Esa es la respuesta justa al fraude de los interinos y a la “crisis”. Nuevas plazas que se necesitan como agua de mayo. Es hora de recuperar lo perdido en aquella otra estafa global que llamaron crisis.
Con toda razón y contra la propaganda oficial de camuflaje, los interinos estafados denuncian que estamos ante una «falsa oferta de creación de empleo». Los puestos ya existen y hay trabajadores en ellos, en ocasiones desde hace 10-20-25 años. «No se crea empleo, se cambian personas». Sale más barato consumar la estafa y no reconocer los derechos legítimamente adquiridos por esas «personas», obedeciendo no a criterios de justicia, sino a una política de recortes, fruto de aquella otra estafa global.
Los pensionistas, las mujeres, los interinos (como paradigma de trabajadores estafados)… y las Instituciones: he ahí las «vidas paralelas», cuando no divergentes, de nuestra democracia posmoderna.
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