Soledad Murillo: «Es necesario que jueces y legisladores se formen en materia de igualdad»

Carlos Tabernero/ ICAL

Fue la encargada, desde la Secretaría General de Igualdad del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de impulsar las leyes de Igualdad y Violencia de Género entre 2004 y 2008. Regresa al Ejecutivo diez años después, esta vez con Pedro Sánchez a la cabeza y como secretaria de Estado, para “vigilar la ley y poner en marcha el pacto de estado contra la violencia de género que el anterior gobierno no ha aplicado”. Soledad Murillo (Madrid, 1956) procede además de la Universidad de Salamanca como gran defensora de la educación pública, ya que “los países más avanzados invierten en educación y no en ladrillo ni rotondas”. Pide por ello “formación en igualdad” como requisito necesario para ascender en la carrera judicial y recuerda que, en materia de violencia de género, “no falla la ley porque haya asesinos”, por lo que modificarla por la existencia de estos “es un error”.

Llega de nuevo a la Secretaría de Estado de Igualdad tras haber sido la primera persona en ocupar dicho cargo entre 2004 y 2008. ¿Cómo es la situación de la mujer hoy con respecto a hace diez años?

En su momento fui secretaria general de Políticas de Igualdad y ahora soy secretaria de estado. Es un rango mayor con lo que es importante por el peso que le da. Lo que ha cambiado con respecto a los siete últimos años es que el Gobierno no ha aplicado las leyes que se hicieron en la anterior legislatura. Me refiero a la Ley de Igualdad y la Ley de Violencia de Género. En este sentido, lo que nos interesa es evaluar donde no se han aplicado para poderlas lanzar con toda la cobertura que ofrecían como norma legislativa. Y nos parece importante que, ya que el anterior gobierno había llegado con otros grupos políticos a fijar el pacto de estado, es una negligencia política no haberlo puesto en marcha, porque suponía una cantidad ridícula en términos presupuestarios, estamos hablando de dos millones, y por otro lado, pensamos que tiene que derivarse a corporaciones locales, ayuntamientos y diputaciones, porque va a estar transferido a Servicios Sociales. En este sentido, es clave que pensemos que no se ha actuado con diligencia y ha habido una falta de atención a los proyectos de Ley que son de obligado cumplimiento.

¿Qué prioridades se marca como secretaria de Igualdad?

El pacto de estado es prioritario. Hay que ponerlo en marcha como no lo ha hecho el anterior gobierno. También es importante ver qué ocurre con las leyes que impulsé en la primera legislatura en la que estuve en el gobierno, porque ni teníamos el derecho al matrimonio igualitario ni el derecho a la dependencia, cada uno tenía su propia fórmula para salir adelante, que normalmente era la familia. El reto es aplicar lo que ya había en términos de vigilar que se cumplan, porque son leyes de carácter orgánico, son aplicables a todas las comunidades autónomas, aunque cada comunidad después ha formulado su propias leyes en función de las necesidades que tenía detectadas en su propio territorio.

¿Qué le motivó a aceptar un puesto así en este nuevo Gobierno?

Primero, que me lo pidió Carmen Calvo. Es una persona que conozco, que trabajé con ella cuando estuve en la VIII Legislatura, la primera del presidente Zapatero. Es una persona absolutamente cordial y es muy fácil colaborar con ella, aunque coincidí en un periodo muy corto, porque era para la elaboración de la Ley de Igualdad. Es una persona exquisita en el trato y me parece que en esta andadura tan difícil, alguien que es amable, que es cariñoso y, sobre todo, que conoce muy bien la agenda de igualdad porque ha creado el Ministerio de Igualdad, pues facilita mucho las cosas. Ahora, insertarme en otro ministerio como podía haber sido Sanidad o, anteriormente, Trabajo, no tiene mucho sentido. Por eso decidí aceptar el ofrecimiento que me hizo Carmen Calvo.

¿Confía en que éste sea un Gobierno que agote la legislatura?

Me gustaría muchísimo, pero no sé si podrá hacerlo o no podrá hacerlo el presidente del Gobierno. Esperemos que sí, y que el Congreso de los Diputados no se convierta en una cacería contra el Gobierno, sino que se convierta en un sitio donde cada diputado y diputada, que cobran un dinero significativo, lo transformen en un debate de ideas, de propuestas, pero no en una cacería para pensar que cuanto más agresivo eres, más votos te llevas. Eso sería un error.

¿Cómo valora la situación de la atención a la dependencia, tan vinculada a la mujer en España?

En el año 2005 no teníamos un derecho que es fundamental para toda la población, pero especialmente para la mujer, que es el derecho a tener asistencia cuando se es una persona dependiente. Ese derecho no existía en nuestro país. El gobierno que acaba de finalizar ha hecho un enorme recorte en Dependencia, lo que es bastante llamativo si tenemos en cuenta el hecho de la corrupción, cómo ha habido un desvío de fondos a lo que suponía una mejora del tratamiento en la contratación pública. Y a la vez, esa mejora del tratamiento de contratos tipificaba avalar una política electoral del partido en el gobierno. Es una enorme contradicción que se haya bajado en los baremos, que existan menos ayudas para las residencias, que existan ayudas prácticamente insignificantes para la discapacidad, cuando paralelamente se estaban financiado partidos políticos. Me parece muy grave.

¿Qué opina del acceso a la educación para alcanzar la igualdad y las medidas de conciliación posteriores en el mercado laboral?

Creo que tenemos el país más caro de Europa en cuanto a tasas universitarias, porque todavía depende de las comunidades autónomas y, por lo tanto, eso es muy aleatorio porque permite que haya comunidades que jueguen con mayor o menor ventaja. De hecho, tenemos una nueva selectividad que tiene diferente contenido en función de donde se aplique, de donde esas pruebas vayan a verificar el conocimiento de los estudiantes, e indica cómo hemos fragmentado este país a efectos de educación. Y, especialmente, lo que me llama la atención es que la universidad pública debe contar con más recursos porque no es un problema de formación, es un problema de investigación y, por supuesto, todo lo relativo a innovación en primera línea. Los países más avanzados invierten en educación, no en ladrillo ni en rotondas. Todo este análisis de las políticas públicas de los últimos años nos lleva, junto a una política de becas que ha bajado mucho, a que todo el peso recae en las familias, con lo que las mujeres vuelven a llevar ese peso y las más jóvenes optan por carreras más feminizadas, de cuidados. Aún así, estamos en una tasa de mujeres en la universidad pública del 53 por ciento, lo que nos debe hacer pensar que las mujeres ya ocupan también, mayoritariamente, carreras como Medicina, Biología o Farmacia. Pero si invertimos en políticas de educación para las mujeres para luego destinar una línea del 0,3 por ciento al cuidado, estamos despilfarrando talento, educación y formación porque no sabemos retener a las mujeres en el mercado de trabajo, ya que son las que siguen cuidando de los hijos porque los hombres aún tienen un papel de ayuda pero no de responsabilidad.

¿Qué significado va a tener para la Secretaría de Estado de Igualdad marchas y movilizaciones como las del 8-M?

Es todo el significado. Nosotros estamos aquí en este Gobierno, que es un Ejecutivo parecido a los gobiernos suecos, porque pensamos las políticas de igualdad de los años 2004 y 2008, porque después formamos parte del tren de la libertad, esa manifestación multitudinaria que echó al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que pretendía que volviéramos a 1982, y por escuchar y pertenecer al movimiento feminista que ha sido el mayor impulsor de todos los avances de nuestro país.

Pese a la legislación existente, que usted impulsó, la violencia de género sigue siendo una realidad presente. ¿Qué ocurre? ¿Qué falta? ¿Qué se puede hacer?

Lo que hace falta es aplicar la Ley contra la Violencia de Género y aplicar el pacto de estado. Al final, la violencia es un problema de coordinación, no tanto de medios económicos sino de coordinación. Si las unidades de violencia de género de todas las Subdelegaciones de Gobierno no funcionan más que como unidades administrativas, no pueden evitar la violencia porque no se lo plantean desde la prevención. Y desde este Gobierno lo que queremos hacer es prevención. No falla la ley, igual que no falla la Ley Tributaria porque haya corruptos, a nadie se le ocurre decir que no funciona la Ley Tributaria porque haya corruptos. Pero aquí que haya asesinos sí está alterando la Ley, como si fuera responsabilidad de la Ley, y eso es un error.

¿Qué sintió al enterarse de la sentencia de ‘La Manada’? ¿Cree que aún hay parte del estamento judicial que no ha entendido o aplicado bien la Ley de Violencia de Género?

El estamento judicial ha tenido, en ese caso, dos años para consultar a psicólogos y especialistas para saber que cuando una persona se siente agredida, no se defiende. Pero no lo han hecho. Es una auténtica negligencia la que han cometido. Porque la Ley define lo que es violación, aunque no la tipifique. Han tenido esos dos años y no han valorado hacer una consulta a un Colegio Profesional de Psicología, lo que supone esa sentencia que es algo muy lesivo para las mujeres. Porque no es cuestión de delito, que existe y así lo reconocen, sino del tratamiento, que es diferente entre abuso y agresión.

¿Qué hace falta, entonces, para conseguir una sociedad igualitaria desde los estamentos judicial y político?

Principalmente, aunque no solo, formación. Que sea obligatoria. Mientras la formación en materia de igualdad de género no sea un requisito básico para ascender en la carrera judicial, o política, dependemos de sensibilidad de cada persona y no podemos depender de la sensibilidad porque eso va en función de cada uno. Es necesario que jueces y legisladores se formen en materia de igualdad.