Ya son siete las sentencias en contra de la tramitación urbanística del PP con El Corte Inglés, cuya licencia ambiental y de apertura queda también ahora anulada tras el último dictamen judicial de lo Contencioso Administrativo número 1 de Salamanca.
La nueva sentencia, emitida el 10 de julio de 2018, es “clara y radical” al ratificar, una vez más el trato de favor del equipo de Gobierno PP en el ya denominado ‘Caso Corte Inglés’, tal y como explica el grupo municipal Ganemos Salamanca.
Esta última sentencia anula la última licencia de El Corte Inglés de Salamanca que se mantenía en vigor, es decir, la ambiental y de apertura, argumentando que no existe base legal alguna que la sustente. Ello se debe, en primer lugar, a que el planeamiento urbanístico ya fue anulado judicialmente y, en segundo lugar, porque la licencia urbanística también lo fue.
La moratoria de la Junta
A todo ello hay que sumar la orden de 12 de abril de 2016 por la que la Junta de Castilla y León otorgaba una moratoria de dos años al Ayuntamiento para legalizar la situación de los grandes almacenes, una concesión que ahora “ha perdido eficacia y no está en vigor”, según la sentencia. Ante este cúmulo de circunstancias “está claro que el juez no ha tenido más remedio que declarar nula la situación actual del centro comercial”, asegura el concejal de Ganemos Salamanca, Gabriel Risco.
Risco denuncia que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco (presidente del PP en Castilla y León), “ha dejado pasar la oportunidad que le daban estos dos años de moratoria para resolver el problema y, por tanto, es el alcalde, el PP y quienes les apoyan, es decir, PSOE y Ciudadanos, los que están poniendo en peligro la permanencia de los puestos de trabajo y del centro comercial”.
El alcalde ha anunciado que se recurrirá la última sentencia sobre el caso El Corte Inglés. Cree que “hay fuerzas políticas que quieren que se cierre y ya sabemos lo que supone”, pero que el PP “está por el mantenimiento de la actividad comercial”. Se está trabajando de forma paralela en el planeamiento urbano de la mano de la Junta de Castilla y León para “regularizar la situación”, dijo.
El origen del caso
El caso se abrió con una sentencia de la Audencia Nacional en junio 2010 por la que quedaba anulado el convenio firmado entre el Ayuntamiento, la empresa y el Ministerio de Defensa (parte de los terrenos son propiedad de dicho organismo y, de hecho, en ellos se ubicó anteriormente un cuartel militar).
A esta primera se sumarían después las tres sentencias de 2007, 2011 y 2014, que anulan los planes urbanísticos. Otras dos sentencias más (2015 y 2016) anulan la licencia urbanística que permitió construir el centro comercial. Y llega ahora, en 2018, la séptima decisión judicial, anulando la licencia ambiental y de apertura.
Ante esta sucesión de sentencias, la Junta de Castilla y León intervino en abril de 2016 para dictar una orden de moratoria de dos años, periodo de tiempo al que incluso trató de sumar un año más. Pero la última sentencia dictamina que dicha orden no está en vigor, lo que hace que el centro comercial quede ahora “al descubierto, sin ninguna autorización o licencia legal, con el peligro que ello puede suponer para las y los trabajadores”, denuncia Ganemos Salamanca.
