Ecologistas en Acción aseguran que la Comunidad está a la cabeza de España en el registro de daños por incendios provocados por cazadores
ICAL. Ecologistas en Acción asegura que «las consecuencias negativas de la caza se extienden por todo el Estado español» y que «entre las autonomías más afectadas por esta problemática destacan Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cantabria».
A partir de las denuncias recibidas y de un rastreo documental, la formación ha elaborado un catálogo que recoge al menos treinta tipos distintos de afecciones negativas de la caza a todo tipo de actividades económicas y recreativas. «Actividades productivas y de ocio están en peligro y se ven afectadas por una caza que cada día se lleva a cabo de forma más intensiva, y que se privilegia ante otro tipo de usos en el medio rural», lamentan.
Según explican en un comunicado recogido por Ical, Castilla y León está a la cabeza del registro de daños por incendios provocados por cazadores, una problemática que se extiende a otras comunidades limítrofes o más alejadas, como Murcia.
Los impactos documentados más frecuentes son el cierre de caminos y vías pecuarias, bien sea mediante barreras físicas o mediante carteles o medidas disuasorias, tales como sensores, cámaras o guardería privada. «Se impide así el libre tránsito y uso de vías públicas y márgenes de ríos, sobre todo para senderismo, la bicicleta de montaña y las rutas a caballo, en un tipo de situaciones que están siendo especialmente visibles en los grandes cotos de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.
Según denuncian, entre los daños más graves se encuentran los que ponen en riesgo la integridad física de las personas. «La caza en zonas de seguridad y montes públicos ha dado lugar a accidentes incluso mortales de seteros, transeúntes o ciclistas, así como a una innumerable lista de molestias y conflictos.
Más grave resulta la disposición de cables u otros elementos para cortar el paso de forma abrupta a quien discurra, sobre todo en bicicleta, por senderos y caminos. No faltan tampoco las agresiones y las amenazas de cazadores a personas, sobre todo si estas les llaman la atención sobre algún tipo de conducta inadecuada por parte de quien porta un arma de fuego», prosiguen. Los casos recientes más graves se han registrado en Cataluña, Galicia, Andalucía, Madrid y Toledo.
«Ecologistas en Acción quiere llamar la atención sobre un problema que va a más y que produce un notable impacto negativo, también en lo económico, en las actividades productivas, recreativas y turísticas y, por extensión, a todo el mundo rural. Lejos de ser una actividad integradora, la caza solo busca su beneficio y su propia supervivencia. Para ello, de un tiempo a esta parte el sector cinegético trata de transmitir una imagen que no se corresponde con la realidad», remachan.
