La UDEF incluye en las actas de escuchas telefónicas de la Operación Enredadera una conversación entre el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Súarez-Quiñones, juez de profesión, y el principal investigado y cabecilla de la organización, José Luis Ulibarri. La unidad policial explica en su informe que podrían estar ante un presunto delito de revelación de secretos y prevaricación, según desvela eldiario.es
La llamada, que realiza el consejero, se produjo el 15 de febrero pasado, a las 13.49 horas. Tras el saludo inicial, Suárez-Quiñones le cuenta a Ulibarri que tiene «una carretera en León, que es Vianos del Páramo-Valcabado» y que había sido adjudicada a una empresa que se encontraba en concurso de acreedores, Arcebansa. «Sí, entonces, mmmm, ¿a ti no te interesaria recoger esa…en esa obra?». Ulibarri le responde: «Sí, lo estudiamos, joder».
l consejero se confunde con el tiempo verbal, Ulibarri usa el presente, y él le pregunta si ya lo han estudiado entonces. «No, no, no lo he estudiado, porque estando en concurso eso tiene que venir de la mano de la Administración», aclara Ulibarri. No le falta razón: la Ley de Contratos de Sector Público, en su artículo 226, prevé la cesión de contratos pero por parte de los adjudicatarios. Es decir, Arcebansa podría cederlo, con la autorización de la Consejería de Fomento.
Si la empresa no puede seguir con la obra adjudicada y no encuentra empresas a las que ceder el contrato, la Ley indica que la Consejería tiene que volver a licitar, es decir, tiene que sacar el concurso público de nuevo.
Pero la respuesta de Suárez-Quiñones es la siguiente: «Pues, pues yo, yo te digo, que soy la Administración…». «Claro», responde Ulibarri. «Venir a ver si os interesa, venid aquí a carreteras, mandas a alguien, que veas que corresponda, hablas con Julio González, que es jefe de servicio de conservación, que ya le vamos a decir que, que, que podéis venir preguntando por eso, que os dé todos los datos de la adjudicación, el precio, pim, pam, para que hagáis una valoración y veis, veis si os interesa, y si os interesa, pues hacemos el traslado de obra, macho, y adelante…». «Claro, claro…y ya está eh?», asiente Ulibarri. Ambos acaban la conversación con el compromiso de que al día siguiente una persona enviada por Ulibarri estará allí, y que por parte del consejero, habrá alguien esperándolos.
eldiario.es habló con Suárez-Quiñones, quien restó gravedad a la conversación asegurando que su actuación era «correcta y regular». «La cesión de contratos está prevista en la Ley», comentó. «Arcebansa no encontró a ninguna empresa que quisiese ese contrato -la obra es de 2,1 millones de euros- y yo hice lo más beneficioso para los ciudadanos, porque si había que volver a licitar, el retraso podría ser de un año, y era una carretera en muy mal estado y con mucho tráfico de tractores».
¿Por qué llamó a Ulibarri y no a otro empresario? Según Suárez-Quiñones, contacta con él «porque es un empresario comprometido con León», porque le conoce de «asistir a sus actos» – los que convoca como propietario de medios de comunicación como Diario de León, el 50% de Televisión Castilla y León, o Diario de Valladolid-El Mundo»- y, además, tampoco conoce a más empresarios. Da una razón más: «Ulibarri se había quejado de que casi no tenía adjudicaciones de la Consejería de Fomento, lo miramos y era verdad, acertaban poco en las licitaciones. Son concursos en los que prima la oferta económica y tienen poco margen, es la verdad», explicó.
A Ulibarri no le convino el precio de adjudicación de Arcebansa. «Era muy ajustado, posiblemente porque esa empresa ya se encontraba en dificultades. Ojalá Ulibarri se hubiese hecho cargo, ojalá. Porque ahora mismo esa carretera está sin hacer y tenemos que licitar de nuevo», añadió el consejero según la información de eldiario.es
¿Pudo haber otra motivación para ofrecer esa carretera a Ulibarri? En otra de las conversaciones interceptadas ese mismo día a las 18.35, el alcalde de Carraceledo, Rául Valcarcel, comenta a Ulibarri, que el consejero de Fomento estaba «cabreado» porque el Diario de León le había hecho «un desaire de la hostia». Ulibarri responde que le cuesta creerlo, porque hacía tiempo que había dado «orden expresa» de que había que «cuidarlo». Además, restan responsabilidad al director del periódico, y Ulibarri dice que puede ser que haya «algún listo por ahí que trabajaba por su cuenta».
Valcárcel concreta, y dice que ocurrió «el día de la visita de Rajoy», y que se había publicado una expresión «como diciendo que algunos tratan de sacar la cabeza». Ulibarri pregunta si era él o «el de Salamanca» (por el alcalde). Según Valcárcel, la información se refería a los dos y precisa que hubo una comida privada a la que no dejaron entrar al consejero. «No me jodas», exclama Ulibarri. «¿Y quién no le deja entrar, hostias?». «Maté»- Se refiere al jefe de Gabinete del alcalde de León, Antonio Silván, José Antonio Maté. Para Valcárcel «es un hijo puta» pero para Ulibarri, «Maté no se atreve a eso estando Rajoy delante, salvo que Rajoy diga hasta aquí». Según Valcárcel, lo hizo por orden de Silván. Ulibarri no lo cree: «que Toño (Silván) no manda, joder, escúchame», pero Valcárcel insiste en que sí manda, y Ulibarri atribuye la responsabilidad al equipo de Rajoy, porque «Toño es un corto para esas cosas», y añade «hostia, pero si eso es como si va la pequeñina, va la vicepresidenta (Soraya Sáenz de Santamaría), no hay opinión».
Ulibarri dice, además, que se les ha podido colar un texto, o que «algún cabrón» de los suyos ha podido hacer un comentario indebido. En cualquier caso, subraya que «Juan Carlos (Suárez-Quiñones) […] está con todos los temas a favor» mientras que su interlocutor alude a guerras internas para ir en las listas del Congreso y Senado. Ulibarri lo zanja con un «Antonio que no sueñe» y con un «el que ahora enseñe la nariz se la van a afeitar».
Suárez-Quiñones sí admitió a eldiario.es haber sido maltratado por los medios de Ulibarri. «No me han tratado bien, ya se ha visto, El Mundo me ha dado unas hostias… si hasta me han llamado palmero del ministro de Fomento», declaró. Pero separa esa llamada a Ulibarri para hablar de la carretera de un intento de congraciarse con él y descarta una actuación irregular: «Yo de tonto tengo lo justo, y sé, aunque estemos en un Estado de derecho, que los teléfonos se pueden pinchar ¿cómo iba a hacer algo irregular? No, esa llamada se hizo en el marco legal y con la intención de sacar adelante una carretera que estaba fatal y paralizada, y que desgraciadamente, así sigue». Además, consideró el que la llamada aparezca en el informe aludiendo a posibles delitos de prevaricación y revelación de secretos como «un craso error que no tiene un pase».
En uno de sus informes, la UDEF señala que los políticos de Castilla y León se valían del dinero público para paralizar informaciones negativas en los medios de comunicación de los investigados.
