Un opositor salmantino de secundaria denuncia al tribunal por prevaricación

Un opositor salmantino a enseñanza secundaria ha presentado una denuncia por prevaricación ante el juzgado de guardia instando a que se persiga por la vía penal al tribunal que le tocó en las oposiciones celebradas el 23 de junio para profesor de latín.

 G.P.G. se considera un perjudicado "por las malas prácticas" de su tribunal en Castilla y León. Considera que esas prácticas no han ido dirigidas hacia su persona, "sino que han sido sistemáticas contra todo el colectivo".También ha presentado un recurso de amparo ante el Defensor del Pueblo, que se suman al recurso de alzada (este último lo hace todo el mundo).Este opositor piensa que son "miles los interesados" y, si muchos como él denuncian las irregularidades por la vía penal, "cuando como en mi caso, son hechos que van más allá del error administrativo, entre todos podremos conseguir una mayor seguridad jurídica tanto en oposiciones a enseñanza como a otros cuerpos de la Administración".Además, está en proceso de crear una plataforma llamada "OxT" (Opositores por la Transparencia), para ayudar con sus denuncias a otros opositores de toda España, que estén situaciones parecidas.Entre otras anomalías, G.P.G. denuncia que existen "indicios de arbitrariedad, falta de rigor y ausencia de un criterio de evaluación homogéneo" entre los dos tribunales que corrigieron los exámenes de los candidatos a las 24 plazas de profesor de Latín.El 23 de junio se presentaron 246 opositores para veinte plazas, de los que 120 fueron evaluados por el tribunal número 1 y los 126 restantes, entre los que está el denunciante, por el número 2. La distribución se realizó con criterios alfabéticos por apellidos, comenzando por un apellido aleatorio elegido por sorteo, no hubo criterio alguno de mayor inteligencia o mejor currículo.Por este motivo considera que no debería producirse una diferencia como al que ha existido entre los aprobados de uno y otro tribunal en la primera fase de la oposición consistente en cuatro pruebas (la primera teórica y las otras tres, prácticas consistentes en traducciones).

Vulneración del anonimato

 El tribunal citó a los candidatos para leer su examen ante los cinco miembros del tribunal el 3 de julio, lo que permitió a los examinadores conocer la identidad de los opositores.Las notas salieron el 13 de julio, diez días después de la lectura y resto de la segunda fase de la oposición, un retraso que provocó malestar entre los opositores, que consideran "irregular" esa tardanza, ya que en esos diez días del 3 al 13 de julio, el tribunal pudo vincular los exámenes (hasta ese momento identificados solo con un código alfanumérico) a sus autores,quebrando el derecho a la confidencialidad que garantizaría la igualdad de condiciones en el acceso a la función pública."Tal hecho restaría seguridad jurídica a estos, otorgando al Tribunal la posibilidad de dictar resolución sobre la nota de los exámenes en base a la identidad y no en base a los criterios de evaluación de los exámenes, tras vulnerar el derecho al anonimato. Este hecho habría conculcado aparentemente el principio de neutralidad del tribunal, que, en adición a lo comentado, procedió a la apertura pública de sobres y publicación de las identidades de los opositores el día 12, anterior a la publicación de la nota. Debido a estos hechos, la inseguridad jurídica de los opositores habría sido absoluta", señala el denunciante salmantino.En total hubo 33 candidatos que superaron la primera fase, de los que el 66% (22) fueron aprobados por del tribunal 1, mientras que el tribunal 2 aprobó a 11 (el 33% del total de aprobados en la primera fase). El denunciante afirma que al seguir criterios objetivos para la distribución de aspirantes por cada tribunal, "no deberían estar diferenciados en un 33% frente a un 66 % de aprobados y tal margen de diferencia podría ser un nuevo indicador de arbitrariedad. Se puede deducir que el tribunal 1 y el tribunal 2 corrigieron aplicando criterios diferentes a pesar de que los normas de corrección oficiales deberían ser las mismas", indica.Estos 33 aspirantes pasaron a la segunda fase del proceso de oposición, donde se evalúan sus capacidades didácticas como docente. Y aquí "se vuelven a observar indicios de irregularidad" al comprobarse que el tribunal 2 aprobó a todos los que superaron la primera fase, que en total eran 11 opositores, "y además lo hacen con notas considerablemente más altas que la media frente a la primera prueba. Superando los 8 puntos 6 opositores de 11, siendo la nota más baja es un 6,14 y la más alta un 9,86 sobre 10".El tribunal 1 en la fase 2, por su parte, suspendió a 5 opositores de los 22 que superaron la primera fase y las notas fueron mucho más variadas, oscilando entre el 2,4 y el 9,95. "Tratándose de unos resultados más heterogéneos y por tanto más creíbles. Estos datos expuestos vuelven a aparecer indicios de arbitrariedad, falta de rigor y ausencia de un criterio de evaluación homogéneo", señala el denunciante.Esa diferencia de notas, inflando las del tribunal 2, permitió a sus once aprobados conseguir una de las 20 plazas que se ofertaban, de modo que siete de los que aprobaron la segunda fase en el tribunal 1 se quedaron sin ella.

Reclamación

Por eso, el opositor salmantino y otros 14 aspirantes más reclamaron de forma individual el 16 de julio, solicitando revisión de la calificación de la parte teórica y además solicitando los documentos incluidos en el expediente del proceso selectivo.Con fecha 17 de julio de 2018, se desestima la reclamación del opositor alegando omisiones de contenidos fundamentales para el desarrollo del tema y que el nivel de conocimientos es adecuado a la calificación otorgada. Asimismo se le deniega mediante omisión de la respuesta, su derecho a obtener copia del expediente. Un miembro del tribunal habría confesado que se habían destruido dichos expedientes.Además, el día 18 de julio se les comunicó por internet a todos en una respuesta colectiva fechada el 1 de julio que se desestimaban sus pretensiones, incurriendo, así, en otra presunta irregularidad, "al vulnerarse la obligación del tribunal de responder a cada reclamante de manera individualizada mediante resolución motivada".Como hizo constar en su reclamación, el opositor salmantino desarrolló el tema en diez páginas "evidenciando a todas luces tanto el conocimiento del tema como la exhaustividad y profundización de contenidos. Lo que contradice rigurosamente la respuesta a la reclamación presentada y evidencia que la corrección no se corresponde en absoluto con los criterios de calificación. Quizá siendo la misma razón que explica la razón por qué el tribunal se niega a entregar el expediente, pudiéndose demostrar al consultar el expediente, tanto arbitrariedad como injusticia, tanto en la corrección, como en la falsedad de la respuesta dada a la reclamación del compareciente", indica.El opositor salmantino afirma en su denuncia presentada ante el juzgado que no se pretende prolongar la vía administrativa, por considerar que “no se trata de un problema de desacuerdo entre el opositor y la Administración que le perjudica individualmente y tampoco se pretende acudir a la vía contenciosa hasta la extenuación”.Entiende que se trata de “irregularidades sistemáticas, cometidas por los funcionarios responsables del tribunal 2, quienes en connivencia deciden conculcar el derecho administrativo, vulnerando derechos fundamentales de los opositores con el fin de dictar una serie de resoluciones arbitrarias injustas que perjudican a estos como colectivo”.

Corrupción de baja intensidad

Añade que desde la perspectiva de la Justicia, “estamos ante un caso de corrupción de baja intensidad y alta frecuencia con un alto impacto sobre el estado de derecho puesto que se trata de un colectivo perjudicado que supera los 250 opositores para 20 plazas. Por tal motivo es necesario reconocer que hechos como este no son un problema administrativo puntual que atañe a un opositor frente a la Administración, si no que va más allá”.Afirma que “existe una tendencia a la invasión desde grupos políticos a la Administración pública para sostener un sistema opaco, que necesita de funcionarios obedientes y sumisos con la autoridad en lugar de subordinados a la ley y esto no es posible, de otro modo que, pervirtiendo los procesos de acceso a la función pública por un lado y por otro la asignación de puestos de trabajo dentro esta, así como los procedimientos de ascenso”.Añade que “no existen expectativas de que estas prácticas se resuelvan a través de la vía administrativa por parte de quienes la cometen y es necesario darle un enfoque judicial, cuyo efecto a largo plazo sobre el estado de derecho, no será otro que el mismo de perseguir la corrupción en las administraciones locales y autonómicas, la prevención de estas prácticas por parte de los propios tribunales de acceso a la función pública. Una prevención que establezca una barrera a los partidos políticos cuando pretendan invadir aquello que no les compete, ya que mucho más allá de acceder a la función pública en virtud de relaciones y mercadeos, se trata de acceder por cualidades técnicas y meritocracia”.Por todo ello, considera que los hechos que denuncia “podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, ya que se supera con creces la omisión involuntaria, el defecto de forma o el error administrativo, y se actúa de manera dolosa frente a los intereses generales vulnerando derechos fundamentales de los opositores”.Pide que se dicten medidas cautelares antes de que se produzca el nombramiento de los aprobados, tales como paralizar la resolución del proceso hasta que se haya determinado su legalidad y siempre que no se pueda declarar nulo mediante sentencia, se abran diligencias de investigación por parte de las autoridad judicial y se escuche en declaración a los funcionarios identificados en calidad de investigados sobre los hechos manifestados.