El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, reclamará al jefe del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, con el que mantendrá “próximamente” una reunión de trabajo, la revisión de las entregas a cuenta para la Comunidad dado que con la transferencia de la liquidación de once mensualidades del IVA de 2017 y no doce, por parte del Estado, Castilla y León deja de recibir 142,4 millones de euros para el año 2019.
La consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, remitió a principios de agosto una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que se expone esta reivindicación que llevará también, como señala la misiva, el presidente autonómico hasta Pedro Sánchez.
Del Olmo solicita que se revise este recorte de fondos para la Comunidad y expresa literalmente a la ministra que sino se atienden sus demandas “se limitarán las posibilidades de mejorar los grandes servicios públicos que financiamos con ellas”.
Del Olmo apela a que el Gobierno de España facilite la elaboración de unos Presupuestos para 2019 “que de verdad puedan mejorar los grandes servicios públicos de gestión autonómica. Y con ellos el bienestar de los ciudadanos”. La Junta expresa así su disconformidad y preocupación con la cuantía de las entregas a cuenta para el año 2019 dado que su evolución es negativa y resta recursos públicos directos al Gobierno autonómico.
El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se reunieron hoy con los delegados territoriales del Gobierno autonómico, en un encuentro en el que se apostó de nuevo por disponer de más recursos económicos para políticas públicas, pero no más endeudamiento, a expensas de las decisiones políticas de ámbito nacional que determinen el establecimiento, en primer lugar, de un techo de gasto, para poder elaborar las cuentas.
Pilar del Olmo traslada a la ministra que si en 2016, la liquidación del modelo de financiación fue de 336,2 millones, la previsión para 2017, se reduce hasta los 114,3, los que supone una diferencia “importante de 221,9 millones, en su mayor parte consecuencia de la implantación del suministro inmediato de información en el IVA, que afectará gravemente a la evolución de dichas entregas, y limitará extraordinariamente las posibilidades de mejorar los grandes servicios públicos” que el Ejecutivo autonómico financia con ellas
