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Salamanca, en la macrooperación contra el fraude en mercados centrales de fruta

La Agencia Tributaria ha lanzado hoy una gran operación a escala nacional

La Agencia Tributaria ha lanzado este jueves una gran operación a escala nacional contra el fraude fiscal en el sector del comercio mayorista de frutas y hortalizas, en la que se ha incluido tres registros en empresas de Salamanca y León. La operación, denominada ‘Carpo’, contempló inspecciones a 80 contribuyentes -62 sociedades y 18 personas físicas socios y administradores de las sociedades investigadas-, que en su mayoría se encuentran ubicados en mercados centrales.

 

El dispositivo desplegado por la AEAT afecta a locales situados en Andalucía (once), Aragón (cinco), Asturias (dos), Baleares (uno), Canarias (seis), Cantabria (uno), Castilla y León (tres), Extremadura (dos), Galicia (once), Madrid (14), Murcia (tres), La Rioja (uno) y Comunidad Valenciana (15), requiriendo la participación de más de 430 funcionarios de la Agencia y apoyo policial para realizar con seguridad las entradas.

Las actuaciones de entrada se han iniciado a primera hora de la mañana con la personación de la Inspección Tributaria y sus Unidades de Auditoría Informática (UAI) en los locales de las sociedades investigadas con el fin de acceder directamente a su documentación e información contable o auxiliar real, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información y los datáfonos utilizados.

Los investigadores de la Agencia Tributaria cuentan con indicios que les llevan a pensar que varias de las sociedades afectadas por la operación ‘Carpo’ han utilizado, para facilitarse la ocultación de parte de sus ventas, programas informáticos cuya finalidad última es la manipulación de las ventas reales, suprimiendo la totalidad del importe de una transacción o modificando su importe.

La operación Carpo tiene un antecedente relevante en la denominada operación ‘White’, desarrollada en febrero de 2016 en locales de venta de pescado situados en el Mercabarna de Barcelona. Aquellas actuaciones inspectoras dieron lugar a un efecto inducido inmediato, de manera que los importes ingresados por los contribuyentes inspeccionados crecieron un 37 por ciento, mientras que otras sociedades dedicadas al comercio al por mayor de pescado y con presencia en el mismo mercado central, pero que no habían sido objeto del operativo, llegaron incluso a un incremento de importes ingresados del 62 por ciento.

Cobro en efectivo

En el caso de las investigaciones previas que han dado lugar a la operación Carpo, el análisis de las sociedades afectadas puso de manifiesto que presentan una proporción de cobros en efectivo muy superior a la media del sector mayorista de fruta, y que, en algunos casos, supera el 80 por ciento del total de las ventas. La utilización de esta forma de cobro facilita la ocultación de las ventas reales, dada la dificultad de seguimiento del dinero en efectivo.

A su vez, según la Agencia Tributaria, los investigadores detectaron que los márgenes de explotación en estas sociedades eran significativamente inferiores a lo normal en el sector, presentando en algunos casos, incluso resultados negativos permanentes a lo largo de varios ejercicios. Otros indicios de capacidad económica observados en los administradores, autorizados en cuenta o socios de estas empresas, incompatibles con las rentas declaradas por estas personas físicas, influyeron también decisivamente en la selección de los objetivos a comprobar.

La operación ‘Carpo’ ha sido coordinada por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, contando con la participación de 299 funcionarios de la Inspección, incluyendo el personal de las UAI, así como con el apoyo de agentes policiales y 133 funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Economía sumergida

Estas actuaciones se enmarcan en la lucha contra la economía sumergida que sigue siendo un objetivo prioritario de la Agencia Tributaria, tal como establecen las Directrices Generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018. En esta labor resulta clave la participación de las Unidades de Auditoría Informática.

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