El obispo de Salamanca quiso callar a una víctima de abusos ofreciéndole dinero

• Llegaron a pactar un pago de 300.000 euros una mensualidad vitalicia de 1.500 pero la iglesia al final no cumplió

El obispo de Salamanca, Carlos López, trató de acallar a una presunta víctima de abusos sexuales cometidos por un cura de la iglesia de San Julián ofreciéndole dinero. “Si quieres una compensación económica, pídela y veremos”, le dice en una grabación  ala que ha tenido acceso El País.

El caso de los presuntos abusos se conoció hace cuatro años, pero no los detalles que han rodeado el caso, que ahora desvela El País.

En marzo de 2011 denunció en el Obispado de Salamanca abusos de un cura, Isidro López Santos, cuando era párroco de la iglesia de San Julián, entre 1982 y 1992, desde que tenía 10 años a los 20. En las dependencias de la parroquia y en el campamento que organizaba en verano. Como primera reacción el obispo, Carlos López, jubiló poco después al acusado, aunque se le hizo un homenaje de despedida. Según EL PAÍS a la víctima le dijeron que se abría una investigación y un proceso canónico, pero pasaban los meses sin que ocurriera nada y la desconfianza le llevó a grabar las conversaciones. Además, entretanto el cura acusado, tras ser apartado, prestaba ayuda en otra parroquia de la ciudad, San Mateo-La Anunciación, según le reconocieron.

En esas grabaciones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, el obispo, Carlos López, que sigue en el cargo, reconoce el derecho de la víctima a una compensación económica, que debe ser decidida en el proceso. Alimenta en varias charlas la esperanza de que es factible. Aunque al mismo tiempo le hace ver que solo es posible si el asunto se mantiene secreto: “Si presentas una petición de compensación de daños el tribunal lo estudiará (…) Si tú quieres ir por otra vía tienes la vía expedita, pero me temo que no vas a conseguir nada. Civilmente no vas a conseguir nada. Sí, que la sociedad se entere, vale”.

Una de las exigencias de Javier Paz desde el principio, relata, era una condena pública del sacerdote, para que salieran otros posibles casos a la luz y evitar hipotéticos daños futuros. De hecho, insistió en que de todos modos él iba a hacer público el caso. Finalmente, el obispo le planteó que la única forma de acceder a una indemnización era solicitarla por escrito: “Si tú quieres compensación económica preséntala por escrito. Tiene que constar todo por escrito. Preséntalo, lo pides y ya veremos”. Hay un diálogo más tenso en el que la víctima muestra su escepticismo:

Según el relato de Javier Paz, al final aceptó firmar un escrito que le prepararon en el Obispado y del que no le dieron copia. «Me tendieron una trampa, no era una oferta, lo disfrazaron para que pareciera una petición mía», asegura a EL PAÍS. Era una solicitud en la que pedía una compensación, una cifra que pactaron en 300.000 euros, más el pago mensual de una especie de pensión de 1.500 euros de por vida. Pero había más, afirma Paz: una cláusula de silencio en la que se comprometía a mantener en secreto el acuerdo y a no emprender acciones legales contra el acusado ni contra el Obispado. Pero luego nunca volvió a saber nada.

Al cabo de unos meses llamó para tener noticias del proceso canónico y entonces el tono de sus interlocutores cambió radicalmente. “El obispo me dijo que, en base a mi solicitud, habían desestimado mi caso, porque entendían que lo había hecho todo por dinero desde el principio, y que con ese papel estaba claro, así que anulaban todo lo que habían hecho”, recuerda. Fue la última vez que hablaron. Javier Paz ha reclamado sin éxito la documentación de su caso o al menos la sentencia. Afirma que entregó las grabaciones en el Obispado para que tuvieran constancia de las conversaciones que habían mantenido.

Habían pasado dos años desde su denuncia, sin ningún resultado, y Javier Paz decidió divulgar el caso en la prensa. Asegura que hay más casos como el suyo, víctimas del mismo sacerdote de Salamanca, que aún no han salido a la luz. También presentó una denuncia en los tribunales, aunque estaba prescrito, como gesto simbólico. Fue en abril de 2014. Solo entonces, a los tres meses, la diócesis anunció que la Congregación de la Doctrina de la Fe, tras un proceso penal canónico, condenaba al cura con la prohibición de ejercer su ministerio. “Estoy convencido de que en realidad durante dos años me engañaron diciendo que había un proceso abierto pero era mentira, y no hay manera de saberlo porque no me dan ninguna documentación”, afirma Paz al diario EL PAÍS.