El 80 por ciento de los trabajadores de la Administración de Justicia secundaron este viernes la huelga general convocada en todo el país «para trasladar a la sociedad el caos que atraviesa esta Administración, como consecuencia del abandono y la política errática que han llevado a cabo los gobiernos de PSOE y PP los últimos años», según datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y primera fuerza sindical en la Administración de Justicia. El Gobierno cifra el seguimiento en Castilla y León en el 13%, lo que supone que la han secundado 405 profesionales de los 3.121 que estaban convocados.
Los 50.000 trabajadores y trabajadoras de la Justicia, de los cuerpos generales, gestores, tramitadores de auxilio y cuerpos especiales han realizado la primera huelga general en esta administración de los últimos 20 años.
Coincidiendo con el día de la huelga, CSIF, junto al resto de los sindicatos de la Justicia, ha convocado en Madrid una gran manifestación en la que participarán funcionarios de toda España.
A la huelga estaba llamado el personal que garantiza el funcionamiento diario de la Justicia (trámites, procedimientos, análisis de pruebas y forenses, preparación de documentación, sentencias y autos, toma de declaraciones…), «mientras los políticos se reparten la cúpula judicial y acaban con la independencia de este poder del Estado y no afrontan los problemas estructurales: retrasos, caos informático, falta de medios materiales y personales…»
La «gota que ha colmado el vaso», según CSIF, es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ultima el Senado y que abre la puerta a la movilización «forzosa y discrecional del personal, lo que supone una flagrante vulneración del derecho fundamental a la negociación colectiva».
Así, entre otras cosas permitirá a la Administración determinar, sin haber negociado con los trabajadores, su puesto de trabajo en cada momento «sin atender a su especialización y de forma arbitraria; además de destruir empleo por los límites que se establece para el nombramiento de personal de refuerzo e interinos».
