José Francisco Martín, portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, acusó este jueves a la Junta de Castilla y León de «asesinar» a la Función Pública tras conocerse la sentencia «demoledora» del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL), que declara nulo de pleno derecho el acuerdo por el que se aprueba el catálogo de puestos tipo de personal funcionario al servicio de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos.
ICAL. Por esta razón, pidió responsabilidades políticas por el «impacto» que tendrá a partir de ahora, «si no se corrige y se empieza de nuevo», y advirtió de que el nuevo presidente de la Junta a partir de mayo «tendrá sobre la mesa una patata muy caliente» con este asunto.
Martín calificó de «varapalo» y «zasca en toda la boca» la sentencia de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Valladolid, porque «anula la piedra angular de la Función Pública, el catálogo de puestos de trabajo» publicado en el Bocyl en 2017. «Es como un dominó. Ahora se cae todo lo demás y se anula también la provisión de puestos de trabajo y los concursos de méritos, permanentes, abiertos…», sostuvo el dirigente socialista, quien incluso cree que repercute en la carrera profesional recientemente aprobada en las Cortes, que «plantea que el personal interino debía presentarse a oposición, en unas plazas que por esta sentencia quedan anuladas».
«La Función Pública está muerta; más bien asesinada», apostilló Martín, quien personalizó este hecho en cuatro personas. Por un lado, el procurador y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien se ocupó de esta responsabilidad a partir de 2007 como consejero de la Presidencia, y más tarde de Interior y Justicia. También, su sucesora «escudera» Isabel Alonso, a la que siguió la actual consejero de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que recogió las competencias de Función Pública en 2015, y que en la actual legislatura desempeña el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
«Cuatro magníficos gestores que han asesinado la función pública regional. El último es el matador, que acumula fracasos como la Agenda dela Población o la Ordenación del Territorio y ahora suma éste. Su único mérito fue conseguir el suspenso del Toro de la Vega», espetó.
Igualmente, recordó que la Sala otorga a la Junta la posibilidad de recurrir en Casación en el Tribunal Supremo, pero «le aconseja que tiene pocas posibilidades, por haberse basado la sentencia en jurisprudencia». Incluso, Martín va más allá y considera que este catálogo, ahora suspendido, era una «venganza personal» de Del Olmo, porque no existe la figura de inspector de Hacienda. «Ya me habían avisado. Con esta decisión envía un mensaje muy claro a la sociedad y a posibles inversores de que nos cargamos a los inspectores de Hacienda», apuntó. No obstante, reiteró que «esto también se lo ha cargado el juzgado», que con esta sentencia insta al Gobierno regional a «empezar de nuevo con una disposición general, no un acuerdo, y que tenga una memoria y un informe. El acuerdo al menos podría haber sido honrado, pero se ha hecho como bandoleros», deslizó.
Efectos sobre el empleo público
El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista analizó también los efectos «mortales» sobre el empleo público que pueda tener esta sentencia, pues los trabajadores tendrán «la espada de Damocles» encima «porque no sabrán si su puesto existe o no», al igual que sucede con los que se están preparando la oposición, que ahora mismo, con esta decisión, tampoco conocen si la plaza para la que estudian se hallará cuando concluyan.
Aunque reclamó «responsabilidades políticas» por este hecho a los cuatro consejeros y exconsejeros, calificó de «cobardía política» de los responsables al cesar pocos días antes de conocerse la sentencia a la jefa de los servicios jurídicos. «Son unos inconscientes que nunca piensan en la sociedad. Si siguen adelante con esto, el Supremo en uno o dos años lo tirará todo, porque ellos están más preocupados en darse puñaladas entre ellos», concluyó.
Podemos
Podemos Castilla y León solicitó en las Cortes autonómicas la comparecencia «urgente» del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, con el objetivo de que se depuren responsabilidades políticas ante el nuevo varapalo judicial a la Junta, en relación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anula el catálogo de puestos tipo de personal funcionario.
El secretario regional y portavoz de Podemos en las Cortes autonómicas, Pablo Fernández, reclamó la comparecencia «a sabiendas de que la única forma de arreglar el desaguisado provocado por el PP es conseguir un cambio de gobierno en 2019 que cuide y vele por la función pública».
Pablo Fernández lamentó que la «incompetencia del PP» haya «provocado una debacle para la función pública, con una sentencia que nuevamente deja en evidencia la calamitosa gestión de la Junta y que genera una enorme incertidumbre en el empleo público de esta Comunidad».
El secretario general autonómico de Podemos, Castilla y León lamentó que Castilla y León «lleva demasiados años sufriendo los dislates del PP, que se ensaña especialmente con una función pública a la que la Junta denosta constantemente».
Junta de Castilla y León
La Junta de Castilla y León estudiará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) que declara nulo de pleno derecho el acuerdo por el que se aprueba el catálogo de puestos tipo de personal funcionario al servicio de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos, si bien considera que se trata de cuestiones formales y que se trata de una norma consensuada con los sindicatos del sector.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, Milagros Marcos, se refirió así a la sentencia emitida por el alto tribunal de la Comunidad, por la que los grupos Socialista y de Ciudadanos se mostraron hoy muy críticos con la Junta.
Marcos trasladó «tranquilidad» ante el fallo judicial, afirmó que «no se ha paralizado nada» y recalcó que se trata de una cuestión de forma, que van a estudiar para ver una solución, a la vez que remarcó que se trata de una norma consensuada con los sindicatos de la Función Pública.
En tal sentido, manifestó que no se paraliza ninguna de las medidas de mejora de la Función Pública, como la relación de puestos de trabajo o la convocatoria de la mayor oferta de empleo público. Marcos criticó los «insultos» vertidos en una rueda de prensa por el socialista José Francisco Martín y estimó que su «imaginación va más lejos de lo que se espera de un político».
También, la titular de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, manifestó que «el señor Martín lo único que hace es insultar», en referencia a que el socialista haya recordado que Luis Tudanca dejó el acta de diputado nada más ser elegido secretario general del PSOE de Castilla y león y que la consejera debe tomar ejemplo al ser candidata a la Alcaldía de Valladolid.
Del Olmo se refirió a la incompatibilidad de algún socialista entre el cargo de concejal y su puesto de funcionario en la Junta de Castilla y León y recordó que sólo está nominada por su partido pero ni están convocadas las elecciones ni se han presentado las candidaturas oficialmente.
C’s
El portavoz autonómico de Ciudadanos, Luis Fuentes, calificó de «extrema gravedad» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anula el catálogo de puestos tipo de personal funcionario. «Vamos a exigir responsabilidades», avanzó y aseguró que se dinamita el acuerdo de la Junta afectando a más de 16.000 funcionarios y tirando por la borda casi cuatro años de trabajo».
«Las noticias conocidas son una muestra más de la nefasta política de personal de la Junta, que no ha entendido que las medidas de personal se negocian en los órganos adecuados. Llega el final de la legislatura y vemos como han fracasado las dos principales apuestas del PP: la ordenación del territorio y el catálogo de puestos de trabajo«, afirmó Fuentes en un comunicado.
Asimismo, el portavoz de la formación ‘naranja’ consideró que el Partido Popular «aún no han entendido que las medidas se adoptan en base a informes y dando la oportunidad a todos los afectados de alegar. Nunca un acuerdo sin motivación ni garantía suficiente debería haber sido el camino». «Se pone en cuestión las relaciones de puestos de trabajo y toda la política de estabilización del personal», alertó.
