La indignación popular que rodea al caso de La Manada ha vuelto a crecer tras el anuncio de que los cinco miembros del grupo, condenados a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, continuarán en libertad provisional. El Tribunal Supremo tendrá que tomar la última resolución judicial, algo que sucederá dentro un año.
Los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra han tomado la decisión de mantener en libertad a los miembros de La Manada por dos votos contra uno. Desestiman la prisión provisional solicitada por la Fiscalía y la acusación particular después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmara la condena de nueve años de cárcel.
Ahora, los cinco agresores sexuales de los Sanfermines de 2016 permanecerán libres hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie.
El presidente de la Sala, José Francisco Cobo, discrepa con los otros dos magistrados y considera que los encausados deberían cumplir prisión provisional, como ya sucedió en junio bajo fianza de 6.000 euros. El magistrado argumentó entonces la «indiscutible gravedad del delito» y la protección a la víctima para defender que permanecieran en la cárcel hasta que la sentencia fuera firme.
Además de reafirmarse en sus palabras, subraya la existencia de dos sentencias condenatorias en sucesivas instancias con una pena de prisión «suficientemente grave», por lo cual cree «procedente» el ingreso de los procesados en prisión provisional comunicada y sin fianza hasta el límite máximo de cuatro años y medio.
La clave de la decisión ha estado en el pronunciamiento de la magistrada Raquel Fernandino. Durante el proceso judicial, se había negado a conceder la libertad provisional a los procesados hasta en tres ocasiones, aunque posteriormente cambió de criterio y se alineó con el tercer juez.
La jueza sostiene que el riesgo de fuga “había perdido notablemente la fuerza que en su día pudo tener” y tampoco considera que haya riesgo de reiteración delictiva, a pesar de que cuatro de los miembros del grupo están incursos en otra causa penal por hechos similares.
En este sentido, el auto aduce a la “presión social” y la “pérdida de anonimato” de los integrantes de La Manada para justificarse, pues expone que “hacen poco menos que impensable el riesgo de reiteración delictiva”.
