La Unión Sindical de Castilla y León, en coordinación con el Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca, han anunciado este jueves una huelga con paros de 24 horas en los mataderos de la provincia desde el día 5 hasta el 11 de febrero. Una de sus reivindicaciones más destacadas es que la Junta les considere como personal sanitario.
Desde hace más de dos años, los veterinarios de Castilla y León están luchando para que se les reconozca como sanitarios no asistenciales. A eso se le suma que viven una situación que califican como «desastrosa» para la cual están trabajando en tres líneas: huelgas y concentraciones, procedimientos judiciales e iniciativas en las Cortes de Castilla y León.
En este sentido, señalaron que llegaron a un acuerdo con PP, Ciudadanos y PSOE para redactar unas enmiendas en el pasado año 2017. Tras una reconsideración, el PP decidió retirarlas para promover una nueva ley en la que no cupiera ninguna duda de su carácter sanitario. Por tanto, pidieron a las otras dos fuerzas políticas que también retiraran las suyas. No obstante, esa ley no ha llegado a elaborarse aún.
Especifican que, dentro de la condición sanitaria, se encuentra la actuación curativa, que contempla el Sacyl, y la actuación preventiva, dependiente de la Dirección General de Salud Pública. En esta última se enmarcan unos 2.000 profesionales, de los cuales 1.000 son veterinarios.
En cuanto a las movilizaciones, ya realizaron una huelga general el pasado 15 de noviembre y otra parcial en los mataderos de Palencia desde el 18 al 24 de diciembre. Si la ejecutiva lo ratifica, darán un paso más: huelga general desde el 5 hasta el 11 de febrero en los mataderos de la provincia de Salamanca. En total, son 20 mataderos, en los que trabajan 37 veterinarios (En Salamanca hay un total de 196 veterinarios).
Según los datos aportados por las organizaciones, 80 millones de animales son sacrificados cada año en España, de los cuales 2,7 millones se sacrifican en la provincia salmantina.
Además, han apuntado que tienen un 30% de precariedad en el sector y que los profesionales se quejan de que no tienen un horario flexible como otros empleados públicos. Reivindican una adecuación de plantillas para que haya, al menos, tres veterinarios por matadero; un modelo retributivo propio; y la regulación de la Ley de Función Pública.
Por otro lado, han denunciado unos servicios mínimos que consideran «abusivos». Argumentan que el sacrificio de un animal no es un servicio esencial para la ciudadanía y recuerdan que existe el derecho constitucional a la huelga.
