La justicia pone coto a los desmanes del PP en el Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca tendrá que sacar de nuevo a concurso la contratación del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús en Salamanca, después de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que en marzo de 2018 anuló la licitación, por considerar que el equipo de gobierno del PP había vulnerado los principios de libre competencia e igualdad de trato. El Consistorio no recurrió este fallo, pero sí la empresa favorecida por el PP con un contrato de 142 millones e euros, Salamanca de Transportes, que presentó recurso de casación que ahora acaba de rechzar de nuevo el TSJCyL. 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, aseguró este miércoles que el nuevo concurso para la concesión del autobús urbano de la capital charra “no afectará en modo alguno al servicio”, tras la inadmisión a trámite del recurso de casación interpuesto por la actual concesionaria, Salamanca de Transportes, para recurrir la sentencia que obliga al Ayuntamiento a realizar una nueva adjudicación.

García Carbayo recordó que “ya el Ayuntamiento de Salamanca decidió no interponer ese recurso” para mantener la actual concesión y que, después de la inadmisión a trámite del interpuesto por Salamanca de Transportes, “procede hacer un nuevo concurso para la adjudicación del contrato de autobuses”.

Y será seis años después de que se publicara la licitación que se hizo a medida de la empresa que llevaba explotando el servicio desde 1987, con lo cual, se ha lucrado varios años de un contrato que se adjudicó de forma irregular.

Un trámite que comenzará “a partir de que se nos comunique esa resolución judicial” pero que, sin embargo, “no quiere decir que afecte en modo alguno al servicio de autobuses, que se va a seguir prestando con la misma calidad que hasta el momento”, insistió el primer edil salmantino.

La condena

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló en marzo de 2018 la licitación para la contratación del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús en Salamanca, por considerar que el equipo de gobierno del PP ha vulnerado los principios de libre competencia e igualdad de trato.

Globalia, el grupo de Juan José Hidalgo, que pretendía competir en 2013 con Salamanca de Transportes por dicho servicio, recurrió la adjudicación a Salamanca de Transportes. Alegó, entre otras cosas, que se había vulnerado el principio de la libre competencia y que no se había cumplido el trámite de publicidad en el ámbito de la UE la licitación (11,8 millones por doce años, unos 142 millones de euros en total). El Ayuntamiento de Salamanca se limitó a colocarlo en el perfil del contratante de su web, a publicarlo en el Boletín de la Provincia y a poner un anuncio en la prensa local (afín).

Y el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl) le dio la razón en septiembre de 2016 diciendo que “la falta de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea supone la vulneración de uno de los principios fundamentales de la contratación pública en la medida en que constituye el medio a través del cual es posible dar cumplimiento al principio de concurrencia”.

Existían fundadas sospechas de que las bases del pliego de condiciones para la concesión estaban dirigidas a favorecer a la empresa que ya prestaba el servicio.

Traje a medida

Concretamente, Globalia denunció el «traje a medida» hecho por el PP a Salamanca de Transportes (que presta el servicio desde 1987) que queda de manifiesto en las cláusulas correspondientes a la duración de dicho contrato, a la experiencia previa mínima exigida de cinco años en la prestación del servicio en ciudades de más de 150.000 habitantes y haber gestionado un servicio de bus urbano con más de 12 millones de usuarios en los tres años anteriores y, sobre todo, en el número o la cantidad de vehículos propulsados por gas exigidos en la flota de autobuses.

Globalia reconoce ante el TSJ que la experiencia previa exigida entran «dentro de la libertad de decisión del órgano que efectúa la licitación», pero no así los relativos al número de buses propulsados a gas y a la duración del contrato, que es donde el TSJCyL ha visto los motivos para anular la adjudicación.

La Sala de lo Contencioso del TSJCyL considera que la cláusula que obligaba a tener un determinado número de autobuses propulsados a gas «es innecesaria e injustificada para poder participar en la convocatoria». Afirma que al establecer esa cláusula «se atribuye una injustificada posición de ventaja a la anterior concesionaria, a la que se ajustan todos los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica, especialmente en un momento en que todavía no se había extendido la prestación del servicio con este tipo de autobuses, vulnerando los principios de libre competencia e igualdad de trato«.

Globalia también recurrió la duración del contrato, fijada por el equipo de Gobierno del PP en doce años alegando para justificar ese aspecto que esa duración «está en concurrencia con la vida útil de los vehículos».

El TSJCyL también le da la razón en este caso a Globalia porque «no es lo mismo un plazo de 10 años más la prórroga, si se dan las condiciones que señala el precepto citado, que la fijación de un plazo inicial superior y no resulta debidamente justificado el establecimiento de un plazo superior, como pone de relieve el TARCYL, por la amortización de capital en relación con una inversión excepcional en infraestructuras, material rodante o vehículos». La ley de contratos de servicios públicos de autobús fija la duración máxima del mismo en diez años (prorrogables).

Por estos motivos, el TSJ declara » la nulidad del procedimiento de licitación para la contratación del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús en Salamanca» publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en noviembre de 2013.