Aprobada una oferta de 33.793 plazas de empleo público

Para rejuvenecer plantillas y cubrir próximas jubilaciones

El Gobierno aprobó este viernes una oferta de 33.793 plazas de empleo público para este ejercicio, la mayor en más de una década, para rejuvenecer las plantillas y encarar las futuras jubilaciones.

 

Así lo indicó la ministra de Función Pública y Política Territorial, Meritxell Batet, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde detalló que es la primera vez que el mayor empleador de España, el Estado, se dota de una política de contratación plurianual, “analizando el envejecimiento” y “los procesos de selección”, y defendió que es necesario, frente a las críticas de oportunismo electoralista en su anuncio.

Según Batet, la Administración encara un problema grave por el envejecimiento de la plantilla pública que provocará salidas masivas en los próximos años, después de que haya perdido además 36.500 efectivos entre los años 2009 y 2019 al no haberse convocado nuevas ofertas por la crisis o las bajas vegetativas.

La Administración Pública no está “sobredimensionada” en España, defendió Batet, ilustrando su argumento con las estadísticas de Eurostat que cifran en el 2,7 por ciento el peso del empleo público sobre el total de los trabajadores del país, por debajo del tres por ciento de tasa media en la Unión Europea (UE).

La oferta ha sido consensuada con los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y CIG y se aplicará tras haber aprobado para su ejecución varias normas en el ámbito de la Administración General del Estado, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con la estabilización además en la Justicia y Educación.

Reparto

De las casi 34.000 plazas que se ofertarán, 20.971 serán para la Administración General del Estado, 1.814 para las Fuerzas Armadas y 5.561 para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A ese cómputo se suman las plazas para estabilización en el ámbito de la Justicia (un total de 2.237), en el de la Educación (489) y en la propia Administración General del Estado (2.528), y las 383 plazas aprobadas en un Consejo de Ministros previo para determinados servicios afectados por la potencial salida de Reino Unido de la UE o ‘Brexit’.

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