Ganemos Salamanca en la Diputación denuncia “trato desigual y nulo interés” del Ayuntamiento de Villares de la Reina en hacer cumplir la legalidad urbanística, ante la posible ilegalidad de cerramientos en edificios ubicados en el municipio. Los hechos fueron denunciados por un vecino de la localidad y el Ayuntamiento, hasta el momento, está haciendo caso omiso, incluso pese a la existencia de un pronunciamiento del Procurador del Común que le indica su obligación de actuar, en el caso concreto denunciado por dicho vecino. Por ello, el grupo granate ha contactado con el Ayuntamiento de la localidad para advertir sobre las posibles repercusiones penales de su inacción al respecto.
La iniciativa partió en realidad de la comunidad de propietarios -no del ahora vecino denunciante-, cuando esta instó al mismo en la junta de propietarios a “corroborar la adaptación a normativa del estado del edificio solicitando documentación a los organismos oficiales”, sin percatarse de que los cerramientos existentes en aquel momento del edificio no disponían de licencia urbanística expedida por el Ayuntamiento.
Esta falta de autorización para las obras se había constatado mediante el burofax enviado por la administradora de fincas, donde se corroboraba que ni siquiera existía un acuerdo votado en junta de propietarios para, por ejemplo, la modificación realizada de la envolvente del edificio, lo que hace que esta carezca tanto de autorización comunitaria como de licencia urbanística.
Sin respuesta desde julio de 2017
De este modo, el vecino contactó con el Consistorio en julio de 2017 para solicitar las licencias de obras que se estaban llevando a cabo en el inmueble, una información que a día de hoy sigue sin habérsele facilitado. Dos meses después, el ciudadano denunció ante el Ayuntamiento la existencia de cerramientos irregulares, sin licencia urbanística, en terrazas y balcones. Reiteró la denuncia en fechas posteriores, sin que el Ayuntamiento haya adoptado medida alguna.
Su paso siguiente fue trasladar los hechos al Procurador del Común quien, el 11 de septiembre de 2018, comunicó a al Ayuntamiento una resolución pidiendo a dicha administración que “proceda a resolver expresamente las denuncias relativas a las obras (cerramientos, pérgolas, etc.) ejecutadas en el edificio de viviendas ubicado en la calle Las Lilas 5-7 y Amapolas 5-27, registradas de entrada con fechas 29 de septiembre de 2017 y 16 de noviembre de 2017, comunicando a su autor tanto la iniciación de los expedientes sancionadores como la de los expedientes de restauración de la legalidad”. Pero sigue sin haber respuesta para el ciudadano denunciante por parte del Consistorio, que no ha confirmado si existe expediente sancionador o de restauración de la legalidad.
Ante esta situación, Ganemos ha hecho llegar un escrito al Ayuntamiento recordando que, en lo que se refiere al acceso a la información de las licencias concedidas, también ha incumplido el artículo 20 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que establece un plazo de un mes para la resolución de este tipo de solicitudes.
Además, en cuanto a la necesidad de intervención municipal ante denuncias por situaciones urbanísticas contrarias, el Ordenamiento de Urbanismo de Castilla y León establece la obligación de incoar procedimiento sancionador y de restauración de la legalidad ante actuaciones urbanísticas realizadas sin la correspondiente licencia.
Asimismo, la demora en estas actuaciones sancionadoras y de restauración de la legalidad pueden llevar a una situación de dolo por parte del Gobierno municipal, al tener las autoridades locales pleno conocimiento de su obligación de actuación y, pese a ello permanecer inactivas, como explica la comunicación hecha llegar desde Ganemos Salamanca. “Esta falta de actividad del Ayuntamiento puede constituir una situación que supere la esfera administrativa y trascienda al ámbito penal, en la medida que la inacción cabe entenderla como dolosa y arbitraria”, concluye el escrito, por lo que sería posible interponer denuncia penal contra la o el funcionario político responsable de esta inactividad.
