El procurador de Ciudadanos en las Cortes Manuel Mitadiel presentó este lunes una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid por una posible malversación de caudales públicos de más de 50 millones de euros en el primer reequilibrio -compensación de la Junta a la empresa adjudicataria por un mayor gasto que no estaba en el contrato- en la construcción público-privada del Hospital Clínico Universitario de Burgos (HUBU).
A las puertas de la Audiencia, Mitadiel explicó que se pagaron 35,6 millones por el aumento de los espacios de asistencia médica que solicitó la Junta a la empresa en ese primer reequilibrio en los que se incluye el beneficio industrial y gastos generales que, en su opinión, no estaban recogidos en la oferta inicial. A ello sumó el IVA (43,1 millones) y la dirección de obra (5,9 millones), que no fue proporcional al cambio, sino por toda la obra. De esa manera, precisó que serían más de 50 millones.
La comisión de investigación sobre los repetidos sobrecostes, el estado actual de su infraestructura, las modificaciones de las adjudicaciones y el presupuesto final del Hospital Universitario de Burgos, constituida el día 6 de noviembre de 2015 en las Cortes, se cerró el pasado mes de febrero sin acuerdo en sus conclusiones entre los grupos de la oposición, por una parte, que dejaron abierta la puerta a trasladar el expediente a la Fiscalía, y el PP, por otra, que no ha visto las irregularidades denunciadas por PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU.
Mitadiel reconoció que se ha hablado con los grupos de la oposición de presentar la denuncia de manera conjunta y que hubo una propuesta de carácter general que no ha recibido respuesta, por ello explicó que era su obligación como procurador, en el día en que se disuelven las Cortes, dar traslado a la Fiscalía de unos hechos que pueden ser constitutivos de delito.
La denuncia no apunta directamente a posibles responsables ni entra en el tipo de presuntos delitos en que se habría incurrido con ese sobrecoste de 50 millones en el primer reequilibrio del contrato, aunque sí se refirió, a preguntas de los periodistas, a una malversación y a que la defensa de los intereses públicos ha sido “absolutamente disparatada”.
Así, argumentó como en el tercer reequilibrio existe un informe de la Junta en el que le da la razón en el sentido de que no se puede estimar el beneficio industrial y los gastos generales -en que se asienta la denuncia- y subrayó que la presentación de ese primer modificado y no de todo ello obedece a que no ha prescrito, ya que el plazo es de diez años en vez de cinco, y ése corresponde al año 2010.
Por otro lado, calificó de “disparate” que la financiación de ese modificado se hiciera a través de un préstamo a trece años con dos de cadencia al 2,5 por ciento de comisión de apertura, que “ningún banco hubiera aplicado a la Comunidad”, y suma un millón de euros.
En la comisión de investigación, cerrada sin conclusiones y sin debate en el pleno de la Cámara, comparecieron el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el consejeros de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, así como los anteriores responsables de este departamento, César Antón y Francisco Javier Álvarez Guisasola, pero también el portavoz socialista, Luis Tudanca, en un largo listado de técnicos y políticos.
El presidente de la Junta, que compareció el 3 de junio de 2016, aseguró que sin el modelo de concesión público-privado Burgos no tendría hoy un nuevo y moderno hospital y el portavoz socialista, que acudió a la comisión el 28 de noviembre del mismo año, afirmó que fue un “error” por el que “alguien tiene que asumir responsabilidades políticas”.
En las 45 conclusiones del Grupo Popular, se defiende la transparencia en el proceso y que el HUBU «es un centro público, que presta atención pública y que no ha sido privatizado». Por el contrario, los grupos de la oposición hablan de presuntas irregularidades, de un «desastre» para las arcas públicas -de 1.000 millones se puede pasar a los 1.700 de coste- y se propone su recuperación como servicio público.
