Denuncian que la propia Administración emplea a los profesionales de Formación Profesional como mano de obra cualificada y barata. Y se preguntan: ¿Qué puede esperarse de una administración pública que no cumple con la ley? ¿Con qué derecho moral puede exigir a los empresarios que cumplan con ella?
La plataforma nacional de afectados por la Disposición Transitoria Tercera del EBEP denuncia el abuso de los poderes públicos con la Formación Profesional, al utilizar ésta como un medio para obtener una mano de obra cualificada y barata.
«La inacción política de los últimos 35 años con los profesionales de la Formación Profesional, va más allá del mero exceso de confianza, para entrar de lleno en el más puro abuso de fuerza y poder. Si hubiera que buscarle un nombre a este abuso, posiblemente habría que hacerlo en el código penal», puntualizan desde la Plataforma.
La Disposición Transitoria Tercera del EBEP -Estatuto básico del empleado público- debería haberse dado por finalizada hace 10 años, garantiza que «las administraciones públicas puedan seguir contando con estos profesionales a sueldos irrisorios, como si de un outlet del mercado laboral se tratara, dando el mismo trato a las personas afectadas, y por extensión a sus familias, que el que pudiera darse a un stock de liquidación de género o mercancía, demostrando con ello que nada le importan los profesionales de la Formación Profesional, a pesar de que a esos mismos políticos que llegan a ostentar cargos en la Administración se les llena la boca, falsamente, de ponderar la importancia de la Formación Profesional de cara a la sociedad», denuncian.
Esta Plataforma de profesionales públicos «exige» al nuevo Gobierno que dé por finalizada esta Disposición Transitoria Tercera del EBEP, y entrada en vigor de forma inmediata el art 76 de dicho estatuto, «en aras de la justicia y reconocimiento que merecen unos profesionales tan importantes en el engranaje del servicio público, terminando de esta forma con la paradoja y el agravio de tener en el mismo grupo de clasificación a titulados de la Formación Profesional con otras titulaciones de inferior rango», matizan.
Por ello, y hasta que no se dé por finalizada esta Disposición Transitoria Tercera, los profesionales a los que se les exige una determinada titulación de la Formación Profesional para poder prestar sus servicios en la Administración Pública, se volverán a manifestar los miércoles en las puerta de sus centros de trabajo de 12.00 a 12,15 horas, sin descartar otras o cuantas medidas de presión sean menester.
