- Dos veterinarios juzgados por falsificar cartillas de animales catalogados como agresivos
- En el registro oficial ponían que era de una raza no conflictiva, para evitar a sus dueños los gastos que conllevan los de razas conflictivas
Dos veterinarios se sentaron este jueves en el banquillo de los acusados por falsificar el registro electrónica de perros peligrosos de la Junta para que sus propietarios no tuvieran que hacer frente a los gastos que conllevan, como el seguro de responsabilidad civil por más de 120.000 euros y estar censado como tal en sus respectivos ayuntamientos.
El presunto fraude consistía en anotarlos como perros de razas inocuas en el sistema electrónica de la Junta, pero luego en las cartillas de vacunación (el pasaporte del perro) ponían su verdadera raza.
El pastel se descubrió a raíz de una campaña de la Guardia Civil para comprobar la situación administrativa de los perros potencialmente peligrosos tras el ataque de una jauría a un hombre en un camino de Santa Marta que le ocasionó la muerte en febrero de 2017.
Una patrulla del Seprona detectó un dogo argentino en una cacería en el Cabaco, y los agentes le pidieron al dueño, además de la cartilla, la licencia donde constaba como perro potencialmente peligroso, el seguro de responsabilidad civil y el documento de su censo en el registro de perros peligrosos de su ayuntamiento.
Ahí ya se pudo comprobar que el perro constaba inscrito en el registro electrónico de la Junta como cruce no peligroso (concretamente un cruce de alano con podenco ibicenco).
Meses después otra patrulla detectó al mismo perro en otra montería en Guadrapero, pero su dueño dijo que no tenía el pasaporte (la cartilla del perro) alegando que había cambiado de veterinario y el nuevo no le había devuelto la cartilla. Los agente le emplazaron para que la llevaran más adelante, pero ya no apareció la cartilla ni el perro.
El primer veterinario, cuyas iniciales son J.L.J., dijo que pondría «por equivocación» en el registro electrónico de la Junta que era un alano con podenco. Y el dueño, dijo que «no me di cuenta» de eso y que solo se percató cuando cambió de veterinario (tras su primer encuentro con el Seprona) y este le dijo que cuando le pasó el lector de chip le salió que estaba inscrito como perro no peligroso en el registro electrónico de la Junta y en la cartilla que el nuevo veterinario le hizo le puso que era un alano cruzado con podenco, cuando era evidente para todos que era un dogo argentino.
El segundo veterinario, cuyas iniciales son A.L.M., dijo que cuando le llevaron a Zeus, que así se llamaba el dogo argentino, no tenía cartilla porque su dueño le dijo que la había perdido (tras su primer encuentro con la Guardia Civil) y que como en la base de datos de la Junta aparecía como un alano él puso en la cartilla que era eso en lugar de lo que parecía evidente, que era un dogo argentino, catalogado como potencialmente peligroso.
La declaración de los veterinarios y del dueño del perro por momentos llegó a rozar el absurdo, como en esa argumentación del primer veterinario que se «equivocó» al incluir al perro en el registro electrónico de la Junta como un alano cruzado y la del segundo, que aunque veía que era un dogo argentino le puso en la nueva cartilla que era un alano cruzado, porque era lo que ponía en el registro del a Junta.
El segundo veterinario se vio implicado en un asunto similar en la inscripción de otro perro peligroso llamado Rey, un pitbull al que no inscribió como tal sino «como lo que me dijo su propietario».
Los veterinario salegaron que ellos no habían dado en la carrera una asignatura de razas de perros para poder diferenciarlas, y que en las cartillas de vacunación de los animales ponían lo que les decían los dueños sobre la procedencia de los perros.
Un perito, que tampoco contribuyó demasiado a desenmarañar la madeja, solo aclaró que Zeus era un dogo argentino nada más ver una foto y que Rey era un pitbull, dejando desairados a los veterinarios que alegaban una ignorancia poco creíble.
El fiscal dijo que los que más se beneficiaban con estas prácticas eran los dueños de los animales, que al registrar sus perros como cruces no peligrosos, se ahorraban el seguro y los trámites administrativos, así como el protocolo a seguir para salir con esos animales a la calle. pero señaló que ellos no falsifican los documentos, sino que quienes lo hicieron fueron los dos veterinarios procesados «para beneficiar a los propietarios de los perros», uno de los cuales era cliente habitual de J.L.J. mientras que el veterinario que hizo la segunda cartilla de Zeus tiene otras diligencias abiertas por hechos similares.
Por eso, pide para J.L.J., el veterinario de la primera cartilla de Zeus, 15 meses de prisión, 8 meses de multa a 8 euros al día e inhabilitación para ejercer el oficio mientras dure la condena por falsificación de documentos oficiales (en su caso el registro electrónico de la Junta).
Para A.L.M. el veterinario de la segunda cartilla de Zeus y la primera de Rey, reclama os años de prisión y diez meses de multa a razón de 10 euros al día e inhabilitación mientras dure la condena.
Los abogados defensores de los procesados reclaman su absolución. El de J.L.J. (el primer veterinario) niega la autenticidad de la cartilla que el dueño de Zeus le atribuye a él, duda también del perito que reconoce la raza de los perros en fotos y responsabiliza al dueño del dogo argentino de incitarle al «error».
El abogado de A.L.M. el veterinario de la segunda cartilla de Zeus y la de Rey, dijo que la falsificación en el caso del dogo argentino es obra de su dueño y en el caso del pitbull puso en la cartilla lo que le dijo su cliente.
