La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Salamanca, Ana Suárez, ha visitado este miércoles el centro de Formación y Empleo Padre Basabe para escuchar las necesidades de este centro de Cáritas que atiende a los sectores más desfavorecidos de la población salmantina.
La candidata ha manifestado que “en Salamanca hay 12.182 familias que no tienen ningún ingreso, y otras muchas cuya estabilidad es precaria y se rompe en cuanto tienen algún gasto imprevisto que no pueden afrontar y les lleva a una situación de necesidad. La lucha contra la pobreza comienza por ‘descriminalizar’ socialmente a los pobres, interiorizar que podemos estar a un par de malas decisiones en la vida de ser uno de ellos. Asumir lo primero que si alguna razón de ser tiene el Estado, la sociedad que se cede a si misma unos recursos para ponerlos en común, es evitar que nuestra madre, o nosotros mismos, tengamos que dormir con setenta años en un cajero, o rebuscar comida en la basura, mientras se financian con nuestros impuestos aeropuertos fantasma, o chiringuitos autonómicos”.
A continuación dio a conocer varios puntos de su programa electoral sobre esa cuestión: “Las ayudas existentes se ofrecen de manera ininteligible, a través de canales completamente fuera del alcance o del interés de quienes las necesitan. Vamos a reinventar la gestión de esos recursos. Es vital establecer un mapa único y fácilmente accesible de todos los recursos que ofrece la Administración, y hacer llegar toda esa información de forma clara y directa a los sitios donde se encuentran las personas que la necesitan. A través de las asociaciones, ONGs, los puntos de atención sanitaria… pero también en los entornos donde estos ciudadanos se mueven habitualmente, mediante patrullas informativas de personal de asistencia debidamente cualificado para esa tarea de concienciación ¿Acaso le vamos a pedir a un indigente que busque las ayudas en un rincón perdido de la web de servicios sociales, navegando desde su inexistente teléfono móvil?”, se preguntó.
También ha recalcado que es “el deber de las Instituciones ayudarles a recuperar la autonomía personal que les permita recuperar las riendas de sus vidas. Igual de importante es luchar con firmeza, con todos los recursos a nuestro alcance, contra las mafias que explotan nuestra solidaridad para hacer de la pobreza un negocio. Los espacios comunes no pueden ser el escaparate de quienes crean redes de indigencia profesional”.
Por último ha añadido que «quienes se encuentran en esta situación crítica, tienen el mismo derecho a votar que yo, a decidir qué quieren que sea su sociedad, que es tan suya como mía. Lo que piden, lo que necesitan, no es caridad, ni es limosna. Lo que tienen derecho a reclamar es que cumplamos, como sociedad, la parte del contrato que nos une a todos, en la que nos comprometemos a cuidar los unos de los otros”.
