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Vende una parcela un año después de que se la quitara el banco

Estaba embargada pero ella se la vendió a una pareja mientras el banco hacía lo propio con otra
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Entrada de la Audiencia Provincial de Salamanca. (Archivo)

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a dos años de prisión por un delito de estafa a una mujer que vendió a un matrimonio una parcela pese a que el terreno ya había dejado de ser de su propiedad.

 

La Sala impone a la acusada la obligación de devolver a los compradores estafados los 35.000 euros que le pagaron por la parcela, ubicada en la localidad de Aldeatejada.

A.C.P.V. recibió en metálico 24.000 euros en abril de 2013 en concepto se señal a cuenta del precio final de la parcela 80.000 euros, que le entregaron los compradores.

Durante 22 mensualidades a razón de 500 €/mes según lo pactado, hasta febrero de 2015 inclusive, los compradores de la parcela transfirieron a la cuenta bancaria de la que era titular A.C.P.V. en concepto de “Pago Parcelas” o similares, un total de 11.000 €. Se estipuló un plazo de 60 meses para ejecutar la compra total de la parcela y escriturar por parte de los compradores, que podía ser aplazado hasta 72 meses.

Tras los pagos parciales durante 22 mensualidades, e intentar contactar con A.C.P.V. en numerosas ocasiones sin conseguirlo, solicitaron a finales de febrero del 2015 nota simple informativa en el registro de la propiedad de la parcela, momento en el que advierten que está inscrita a nombre de otras dos personas que no son ellos desde el 9 de agosto de 2013, quienes la habían adquirido por contrato de compraventa al Banco Popular.

Por Certificación Registral, finalmente se acredita qué A.C.P.V. fue titular registral de la parcela hasta el día 29 de diciembre de 2011, fecha en la que fue inscrita a favor del Banco Popular por adjudicación en subasta tras una ejecución hipotecaria seguida en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Salamanca.

Como consecuencia de eso no se pudo cumplir lo estipulado en el contrato. La acusada ha recibido un total de 35.000 € de los denunciantes y hasta la fecha ninguna cantidad les ha reintegrado.

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