La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra la orden de la Junta que regula las medidas dirigidas al alumnado con necesidades sanitarias o sociosanitarias, por rechazar la obligación que tienen los docentes de administrar medicamentos.
CSIF lamentó que “finalmente” haya tenido que acudir a los tribunales, ante la imposición de la Junta de sus criterios, y a pesar de la rotunda oposición de los docentes a realizar tareas propias del personal sanitario. “Los docentes no se niegan a ejercer el deber de socorro cuando el alumnado lo precise por causa de urgencia. Pero consideramos impropias e inadecuadas las tareas que encomiendan al profesorado en orden”, apuntó el sindicato que insistió en la “reivindicación histórica” de dotar a los centros docentes del personal sanitario necesario para atender estas necesidades.
Un comunicado de CSIF recuerda que las consejerías de Educación y de Sanidad han seguido adelante con esta orden, que por razones burocráticas ha de firmar el consejero de Economía, a pesar de que la práctica totalidad de los docentes se oponen a la administración de medicamentos.
El sindicato independiente mantiene clara la posición de que “en ningún caso, la administración de medicamentos debe ser realizado por personal docente”; o de que los centros educativos deben tener asegurada una adecuada atención sanitaria con personal de Enfermería, que deben ser quienes administren la medicación”, indicó la responsable autonómica del sector de Educación de CSIF, Isabel Madruga.
Además, CSIF pidió al nuevo Gobierno regional que “atienda con responsabilidad la opinión de los docentes, y elimine la implicación al docente en tareas de atención y responsabilidad sanitaria, como es la administración de medicamentos, porque pudiera tener consecuencias muy graves para el alumno y para el docente”.
Madruga explicó que “si en los hospitales se garantiza la atención educativa de los enfermos con docentes como sucede con las aulas hospitalarias, lo lógico es que las necesidades sanitarias las atiendan profesionales sanitarios. El profesorado no tiene que llevar a cabo tareas sanitarias que no les son propias, para las que no están formados y que pueden acarrearles responsabilidades personales, más allá del cumplimiento de sus competencias”.
