El Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto-ley de medidas urgentes por el que declara zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil las áreas afectadas este verano por incendios e inundaciones y por el que empezará a activar 774 millones de euros en ayudas para paliar los daños producidos por esas catástrofes.
Servimedia/ ICAL. El real decreto-ley abre la puerta a ayudas para los damnificados por catástrofes ocurridas este verano en numerosas zonas de España como los efectos de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en agosto en Madrid, Zaragoza, Cáceres, La Rioja, Segovia, Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Castellón, Valencia, Sevilla, Málaga, Murcia y Baleares
Este real decreto-ley, formado por 17 artículos y varias disposiciones adicionales y finales y que deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, se adoptó a propuesta de nueve ministerios: Interior; Hacienda; Fomento; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; Política Territorial y Función Pública; Transición Ecológica, y Economía y Empresa.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, comentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «el Estado nunca se para», pese a que el Gobierno está en funciones, y que el Ejecutivo «se afana» por atender las «necesidades más perentorias» de los ciudadanos, como quienes han sufrido las consecuencias de fenómenos meteorológicos o catástrofes ambientales desde el pasado mes de junio.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó que «España es un país con un sistema bien preparado para atender las emergencias» y que el real decreto-ley incluye «un amplio conjunto de medidas para cuyo cumplimiento se habilitarán todos los créditos necesarios». «Son medidas excepcionales para que los ciudadanos afectados recuperen cuanto antes la normalidad en sus vidas y puedan mirar al futuro con tranquilidad y esperanza», añadió, antes de precisar que la norma tiene en consideración medidas para episodios catastróficos desde el pasado 1 de abril hasta el próximo 31 de marzo.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, comentó que la norma aprobada este viernes es «la respuesta más potente que se ha dado en los últimos años» respecto a episodios catastróficos y que la intención del Gobierno es que las ayudas lleguen «lo antes posible dentro del respeto a la ley y a los procedimientos», y que el plazo general para las solicitudes es de dos meses.
Planas desgranó las ayudas incluidas en el real decreto-ley por daños personales, a particulares por daños en viviendas y enseres de primera necesidad, a personas físicas o jurídicas que han realizado prestaciones y a titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, como agrarios, marítimos y pesqueros, así como a corporaciones locales por gastos que han tenido que realizar con urgencia.
También hay ayudas del 50% de las obras de reparación de infraestructuras y servicios que acometan las diferentes administraciones públicas, la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la reducción de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas y la exención del IRPF.
El real decreto-ley incluye bonificaciones respecto a la suspensión o finalización de relaciones laborales y pagos de cotizaciones a la Seguridad Social, indemnizaciones del seguro agrario combinado, ayudas por daños en explotaciones agrícolas y ganaderas, y aportaciones para restaurar el dominio público marítimo-terrestre (zonas cercanas a litorales y cuencas hidrográficas), así como lugares forestales afectados por incendios.
