[dropcap]L[/dropcap]a cuenta atrás hacia las elecciones generales del 10-N ha coincidido con los primeros escollos con que se encuentra el gobierno bipartito PP-Ciudadanos que preside Alfonso Fernández Mañueco, que, exonerado de presentar unos nuevos Presupuestos de la Comunidad, se ha dedicado en sus primeros meses a repartirse el botín político de la Junta, consumando lo que el PSOE ha dado en llamar “el pacto de la rapiña”, iniciado antes en cuantos Ayuntamientos y Diputaciones han tenido a su alcance (ellos dos solos o en compañía de Vox).
Más allá de ese obsceno reparto de Poder -tan compartido y pactado que varios de los asesores nombrados por el presidente han sido contratados a instancias del vicepresidente Francisco Igea, a cuyas órdenes se encuentran- Fernández Mañueco ha disfrutado de unos primeros meses ciertamente plácidos, tal solo alterados por la ingestión del monumental sapo genovés de tener que ceder a Javier Maroto el único escaño autonómico del Senado que correspondía proponer al PP en las Cortes Regionales. Un botín político que, visto que a ambos socios no les parecía suficiente, ha sido engordado estirando el organigrama de altos cargos de la Junta (de 80 a 93) y duplicando el cupo de personal eventual a disposición de los mismos, con el agravante de utilizar varias de esas contrataciones a dedo para rescatar a políticos descolocados, para mayor inri con trayectorias tan poco edificantes como la de los ex senadores Ignacio Cosidó y Esther Muñoz.
Dedicado durante todo este tiempo a aplicar al PP de Castilla y León el bálsamo proporcionado por todos los resortes de poder que controla, que no se limitan a la Junta, Mañueco ha permanecido hasta ahora instalado en ese perfil bajo que tanto le gusta, encantado con el irrefrenable afán de Igea de pisar y enfangarse con todos los charcos encontrados a su paso. De forma y manera que, pese a ser el gran beneficiario del “pacto de perdedores” que le llevó a la presidencia de la Junta, el verdadero desgaste político ha venido corriendo por cuenta del socio naranja, que ha arruinado en tiempo record el discurso de cambio y regeneración democrática que constituía su seña de identidad.
Las 35 horas, primera “patata caliente”.- La contratación de Cosidó, “mi amigo Nacho” (sic), quizás haya sido el elemento de mayor desgaste sufrido hasta el momento por Mañueco, mayor que la aberrante elección de Maroto, sapo compartido a fin de cuentas con Ciudadanos, que en ese episodio se retrató ya definitivamente.
Desinhibido de cualquier complejo, el gobierno Mañueco ha dado pábulo a lo que la oposición ha calificado de “agencia de colocación política” justo al mismo tiempo en que se niega a cumplir el compromiso contraído por el último gobierno Herrera de restablecer a la vuelta del verano la jornada de 35 horas a los funcionarios y empleados públicos de la Administración Autonómica. Toda una “patata caliente” especialmente abrasiva una vez iniciada la cuenta atrás hacia unas nuevas elecciones generales en las que el PP aspira a redimirse de los catastróficos resultados alcanzados en abril.
El conflicto de las 35 horas es sin duda el primer gran contratiempo con el que se encuentra el gobierno Mañueco, entre cuyas escasas iniciativas se cuenta la de anunciar bajadas impositivas que mermarán aún más los ingresos de la comunidad autónoma (aunque menos de lo que pudiera parecer, ya que, algunas de esas medidas llevan años en vigor, como no ignora el nuevo consejero de Hacienda, que no es precisamente nuevo en la Junta). Hasta hace 15 días, cuando el gobierno nacional en funciones mantenía bloqueadas las entregas a cuenta a las comunidades autónomas (445 millones en Castilla y León), la falta de recursos económicos para afrontar su coste era el único argumento esgrimido por la Junta para no cumplir el compromiso de las 35 horas. Después, a raíz de que el gobierno central anunciara su próximo desbloqueo, las excusas han dejado de ser económicas y ahora se alegan todo tipo de razones organizativas para aplazar “sine die” su cumplimiento, lo que ha motivado el anuncio de un calendario de movilizaciones que culminaría en principio el 6 de noviembre con una jornada de huelga.
En esta tesitura no es casual que el presidente de la Junta haya concedido a “El Norte de Castilla” su primera entrevista en profundidad desde que accedió al cargo. No es que Mañueco aclare en ella demasiadas cosas, pero al menos -el medio es el mensaje- abandona la dejadez mediática que venía caracterizando su mandato. El hecho de que el titular elegido para la primera plana del periódico se refiera al apoyo del presidente a la inclusión de Antonio Silván en las nuevas electorales del PP da idea del escaso interés de sus respuestas en torno a los asuntos de gobierno en la Junta.
Con este panorama en la Junta ha sobrevenido la convocatoria electoral del 10-N, en la que, tal como señalábamos hace una semana, Ciudadanos ha adquirido todas las papeletas para ser la fuerza política que salga peor parada en el conjunto de España y particularmente en Castilla y León, donde siete de sus ocho diputados -todos menos el de Valladolid- están en evidente peligro. Al caprichoso caudillismo de Albert Rivera y su desconcertante y contraproducente estrategia se añade la obscenidad con la que C´s se ha subido al carro del poder en Castilla y León, donde no es que se haya expuesto al abrazo del oso por parte del PP, sino que se ha lanzado en plancha a abrazar al úrsido popular para retozar juntos en completa armonía.La onerosa herencia de la gestión sanitaria.- Entretanto, en absoluto ha remitido el amplio malestar derivado de la gestión sanitaria, para alivio del PP asumida por Ciudadanos a través del tándem formado por la nueva consejera, Veronica Casado, y el nuevo gerente del Sacyl, Manuel Mitadiel, ambos bajo la supervisión del vicepresidente Igea. El escepticismo hacia el nuevo equipo de la Consejería reina entre el personal sanitario en general, al tiempo que las plataformas en defensa de la Sanidad Pública recelan cada vez más de sus intenciones. La consejera recibió la pasada semana en Palencia los primeros abucheos por parte del personal sanitario del Sacyl. La herencia legada por el anterior consejero y su equipo no puede ser más onerosa, como bien sabe Casado, que es una de los más de 9.500 profesionales que están a la espera del reconocimiento del máximo grado de la carrera profesional, que la Junta deberá abonar con efectos retroactivos e intereses legales de 1 de enero de 2012.
Y en esta coyuntura tan crítica para Ciudadanos hemos asistido a la reaparición en escena de la ex presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, quien ha puesto fin a su prolongado mutismo para reivindicar su figura política, manifestar su identificación con el proyecto nacional liderado por Albert Rivera y ofrecer su disponibilidad ante la próxima convocatoria electoral. Veremos en qué queda la cosa.
