La coincidencia de fechas propició que el puesto de libre designación adjudicado la pasada semana por la Junta a la ex diputada y ex senadora del PP Ana Torme fuera metida en el mismo saco de la sonada contratación como personal eventual de los ex senadores Ignacio Cosidó y Esher Muñoz de la Iglesia, fichados, junto a la ex diputada salmantina Isabel Hernández Rozas, como nuevos asesores del presidente Fernández Mañueco.
Sin embargo, en rigor, lo de Torme es harina de otro costal. Mientras Cosidó, Muñoz y Hernández son ajenos a la Administración Autonómica y se incorporan al Gabinete de la Presidencia contratados a dedo, la ex parlamentaria vallisoletana, funcionaria de la Junta, simplemente ha resultado beneficiaria de uno de los centenares de puestos de libre designación que el gobierno de turno adjudica como le viene en gana entre sus empleados públicos.
Lo verdaderamente chocante es que Torme, reincorporada a la Junta en 2015 tras pasar cuatro legislaturas por el Congreso y una más por el Senado, no ha llegado a su nuevo puesto de de la mano de ningún consejero del PP, como sería lo habitual, sino que se ha visto favorecida por una de las consejerías administradas por Ciudadanos, concretamente la de Sanidad. Su titular, Verónica Casado, firmaba en el Bocyl del pasado día 26 su nombramiento como técnico asesor de la secretaría general de dicha consejería.
El nombre de Torme se vio salpicado años atrás por su participación en la sociedad “Sirga XXI Consultores”, de la que fue titular al 50 por ciento con el entonces también diputado del PP Vicente Jiménez Pujalte. Ambos fueron objeto en su día objeto de investigación judicial tras una denuncia de la Fiscalía que apreció tras la actividad de “Sirga XXI” presuntos delitos de falsedad y cohecho. Y hace al caso recordar que entre las empresas “asesoradas” figuró la constructora vallisoletana Collosa, adjudicataría habitual de obra pública de la Junta y beneficiaria de uno de los principales “pelotazos” acreditados en la investigación de la “trama eólica”.
Según las diligencias judiciales practicadas en su momento, Collosa retribuía a la sociedad compartida por Torme y Pujalte con una especie de iguala de 5.000 euros mensuales por un asesoramiento del que nunca se halló constancia documental. Estallado el caso, Torme aseguró desconocer esa relación comercial con Collosa y se desmarcó de la actividad de “Sirga XXI”, responsabilizando exclusivamente a su socio del manejo del chiringuito montado en común.
Ana Torme se defiende diciendo que “es notorio que no ha sido privilegiada con ningún puesto en la Administración, con da a entender con sus manifestaciones. Más al contrario, el cargo para el que ha sido designada, un nivel 27, es inferior al que le correspondería, tanto en grado, como en salario”, señala y añade que como el demandado es funcionario, con una excedencia por su actividad política, conoce “perfectamente el régimen de reingreso al desempleo de la labor pública”. Agrega que no está “citada por ningún juzgado en calidad de investigada”, en relación ala empresa que mantenía con Vicente Martínez-Pujalte. Recuerda que la causa en la que estuvo involucrada, relacionada con la “trama eólica”, fue sobreseída y añadió que ella fue la “denunciante” y “mantuvo una decidida posición de enfrentamiento con otros miembros del PP”.
Ante todo lo cual hay quien se pregunta -e incluso quien se responde- quién puede haber apadrinado la libre designación concedida a tan connota figura del PP en una consejería manejada por Ciudadanos…
