La Audiencia Nacional está a punto de hacer pública su decisión sobre el recurso contencioso administrativo que interpusieron Equo y Ecologistas en Acción en 2016 contra la autorización previa de instalación que concedió el Ministerio de Industria al proyecto el 17 de septiembre de 2015, con informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Berkeley lleva tiempo preparándose legalmente por si el fallo anula esa concesión y se frustra la apertura de la mina. En ese caso esgrimiría el quebranto que eso supondría para sus intereses después de haber invertido, según dice la empresa, más de 70 millones en su proyecto de Retortillo. El Estado y la Junta de Castilla y León serían, presuntamente, el posible objetivo de sus abogados.
Al salir a Bolsa en España en 2018 la empresa minera Berkeley ya advirtió ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que su proyecto de Retortillo estaba muy condicionado por la política. «No se puede predecir la forma en que las leyes y disposiciones existentes pudieran ser interpretadas por los organismos responsables de su aplicación o en el marco de cualquier resolución judicial, ni la posible adopción de nuevas leyes y disposiciones legislativas, ni el efecto que tales modificaciones pudiera tener en el negocio o la situación financiera de Berkeley», advertía al dar el salto al parqué español, y añadía: «No es posible garantizar que los derechos de la sociedad sobre sus activos no adolezcan de algún defecto».
¿Era ponerse la venda antes de tener la herida o simplemente dejar entrever sus intenciones de empezar a litigar con las administraciones españolas para obtener en los tribunales lo que quizá no podría sacar del suelo salmantino?
La empresa lleva trabajando en el proyecto para abrir una mina de uranio de Retortillo desde hace 10 años y se estima que ha invertido en este periodo 70 millones de euros, según sus propios datos. El proyecto cuenta con el rechazo de la población local y del conjunto de la provincia por la amenaza medioambiental que conlleva una actividad radiactiva de este tipo y la opacidad de la compañía sobre sus verdaderas intenciones.
La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, mantiene una actitud favorable a la mina, como no puede ser ya de otra manera, porque al concederle en su día la declaración de impacto ambiental positiva puede ser una de las presuntas víctimas propiciatorias de un posible pleito con una reclamación millonaria por parte de Berkeley.
La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018 frenó los planes de la compañía, sobre todo por el apoyo de Podemos al Ejecutivo, ya que la formación de Pablo Iglesias aboga por la paralización del proyecto y está pendiente un nuevo pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nuclear (donde ya ha entrado Podemos).
El Gobierno central también podría ser objetivo de los abogados contratados por la minera, como ya le ocurrió en su día con en el caso Castor (proyecto promovido por una empresa de ACS, presidida por Florentino Pérez), que pretendía extraer gas mediante la técnica del fracking frente a las costas de Castellón y consiguió una indemnización de 300 millones (el PP llegó a autorizarle 1.300, pero lo anuló el Tribubal Constitucional) al abandonar el proyecto.
No obstante, la prensa nacional ya se hizo eco a finales de 2018 de los contactos de Berkeley con «despachos de abogados de reconocido prestigio y sus expertos en ‘litigation’ y arbitrajes. Según fuentes del sector, están solicitando asesoramiento legal de cara a valorar qué opciones tienen en vía judicial de desbloquear la obtención de los permisos que aún no han recibido de la Administración española», informó El Confidencial.
Los ecologistas y la plataforma Stop Uranio consideran que proyectos como el de Berkeley en Salamanca solo persiguen la especulación financiera y no la explotación de minerales. Sin descartar la vía judicial, que siempre está ahí para reclamar indemnizaciones suculentas.
Precisamente, para evitar esa posible maniobra de la minera, los ecologistas propusieron sin éxito al Gobierno del PP retirar la demanda para no perjudicar al Estado a cambio de que el procedimiento administrativo para autorizar o no la mina de uranio de Berkeley en Salamanca volviera a comenzar desde el principio y, entre otras cosas, se tuviera en cuenta también la opinión del Gobierno de Portugal sobre un proyecto que también les afectada dada la proximidad de la zona con la frontera lusa.
