Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, cree necesaria una nueva ley de forma inmediata ante los “olvidos” y “déficit” detectados en la aplicación de esta Ley de Transparencia desde 2015
V.A./ ICAL. Las pretensiones de la norma han sido solo satisfechas en parte, el acceso a la información alcanza unas tasas mínimas, la aproximación de datos a las personas resulta casi imposible o hay falta de compromiso claro de la Comunidad con la transparencia. Son argumentos esgrimidos por la Consejería de Transparencia, Ordenación y Acción Exterior, que dirige el vicepresidente, Francisco Igea, para aprobar una nueva ley que sustituya la actual de 2015.
El departamento de Igea ha abierto el procedimiento para la elaboración de una ley más avanzada que la aprobada en 2015 en las Cortes, promovida por el entonces consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez (PP), que en ese momento la calificó de pionera y de ir más allá de la estatal. Sin embargo, el actual vicepresidente (Cs) realiza una enmienda a la totalidad al exponer los contenidos que se pretenden regular y los problemas a solucionar con una nueva norma.
Así, se detalla que las pretensiones para dar respuesta a lo recogido en el Modelo de Gobierno Abierto, que se puso en marcha en 2012, los derechos de los ciudadanos con la Administración y lo señalado en el Estatuto de Autonomía han sido satisfechos en parte. «El ejercicio del derecho de acceso a la información apenas alcanza unas tasas mínimas», se indica.
También, se señala que los indicadores en relación a solicitudes de acceso tramitadas «reflejan un panorama muy pobre de estimación, que no se corresponde con una sociedad activa y comprometida«. Igualmente, refiere que el decreto aprobado posteriormente no aporta novedades a la ley y solo introduce la exigencia de firma electrónica, que no se ve compatible con la esencia del derecho a la información.
Ante los problemas y déficit detectados, la Consejería de Transparencia se decanta por una nueva ley, no por la modificación de la vigente. Califica de «olvido no menor» que no se incluya a las entidades locales, cuando Castilla y León es la comunidad con el mayor número de provincias y municipios y está sujeto, igual que la Administración autonómica, a la normativa básica estatal.
Reconoce este departamento que es consciente de los menores recursos y de un menor nivel de información por lo que avanza que se abordará con la Federación Regional de Municipios y Provincias para ver las posibilidades de apoyo por parte de las diputaciones provinciales y la inclusión de unos contenidos obligatorios.
«La aproximación de la información pública a las personas resulta casi imposible, haciendo inviable un acceso satisfactorio y una participación ciudadana efectiva en el ámbito de lo público», se señala en relación al modelo de transparencia y la estrategia de Gobierno Abierto. Igualmente, se considera mínimo el catálogo de obligaciones de publicidad activa y la «relajación» en obligaciones de transparencia proactiva, que debe ser «resuelta con la futura iniciativa».
Los déficit de desarrollo normativo generan «obstáculos y trabas», se refleja también, a lo que se añade la ausencia de un régimen sancionador completo, que identifique responsables, infracciones y posibles sanciones. La ausencia de ese régimen es considerado por el equipo de Igea como «falta de de compromiso claro de esta Comunidad con la transparencia».
Por todo ello, se considera necesario aprobar una nueva ley que corrija la existencia de un vacío legislativo, que garantice un real y efectivo derecho a la información pública para la ciudadanía, que incremente las obligaciones de transparencia activa y que elimine «áreas o materias opacas» en su acceso.
Una de las novedades de la actual ley fue la creación de una Comisión de Transparencia, adscrita al Procurador del Común que ejerce como comisionado de transparencia. Ahora, se plantean fórmulas alternativas a la reclamación administrativa para la resolución de conflictos en materia de acceso a la información, como vía para impulsar esta figura.
La nueva ley de Transparencia es uno de los objetivos expuestos por Igea en su comparecencia en las Cortes al explicar su programa de gobierno. Estará en el Portal de Gobierno Abierto para recoger las alegaciones hasta el 18 de noviembre.
