Iberdrola se ha convertido en la primera compañía española en obtener el certificado de AENOR a su Sistema de Gestión de Compliance Tributario conforme a los requisitos establecidos en la norma UNE 19602. Dicha certificación, alineada con la norma española y con las recomendaciones de la OCDE, se centra en el establecimiento y supervisión de políticas y estrategias fiscales, de las directrices básicas para su gestión y de las decisiones sobre asuntos con relevancia estratégica, así como en el diseño del sistema de gestión y control fiscal del Grupo Iberdrola.
El CEO de AENOR, Rafael García Meiro, fue el encargado de hacer entrega en la mañana de hoy del certificado al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en el transcurso de un acto celebrado en las oficinas de la compañía en Madrid. “Es una satisfacción ser la primera compañía española en recibir este certificado, que ratifica el papel de Iberdrola como referente en materia de gobierno corporativo y de buenas prácticas tributarias, manteniendo una cultura de cumplimiento responsable y de transparencia en el ámbito de la información fiscal”, destacó Galán.
Por su parte, García Meiro apuntó que Iberdrola viene demostrando un compromiso eficaz y positivo con los valores compartidos por la sociedad: “Nuestros auditores comprueban su trabajo serio y riguroso en numerosos campos y es un orgullo que nuestros sellos añadan confianza sobre la labor de Iberdrola ante todos sus grupos de interés”.
La norma española UNE 19602, relacionada con los Sistemas de Gestión de Compliance Tributario, fue aprobada en febrero de este año para dar respuesta a la progresiva relevancia de la responsabilidad social corporativa y teniendo en consideración que el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias se contempla como uno de los principales riesgos que afectan a todas las organizaciones.
Esta norma define unos requisitos y unas recomendaciones de compliance tributario. Así, ayuda a las empresas a implementar un sistema de gestión que facilite la identificación, prevención y detección de riesgos fiscales, con el fin de evitar o mitigar liquidaciones complementarias, sanciones o delitos contra la Hacienda Pública y, en el caso de que ocurran, a que se creen mecanismos de control y mitigación.
Asimismo, facilita la transparencia frente a la administración tributaria y un cumplimiento ético de la organización respecto a sus relaciones con la administración pública, tanto estatal como autonómica y local.
