Sociedades administradas por Rafael Delgado y Alberto Esgueva, dos de los principales imputados en el caso de la trama eólica, realizaron movimientos millonarios de fondos entre los años 2005 y 2015 en entidades bancarias de Mónaco y Suiza, según se desprende de una investigación realizada por la Unidad de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción, recogida en su edición de por El Norte de Castilla.
ICAL. La Fiscalía Anticorrupción recibe un informe de un inspector de la Agencia Tributaria de Castilla y León que denunciaba la existencia, entre 2002 y 2015, de un ‘acuerdo marco’ entre empresas para repartirse el mercado eólico de la Comunidad con la connivencia de la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, entonces comandada por el popular Tomás Villanueva, que murió en septiembre de 2017 poco antes de que declarara como imputado, a cambio de comisiones simuladas en forma de participaciones.
El periódico destaca que el juez que investiga el supuesto reparto de la concesión de parques eólicos a empresas afines de la Junta a cambio de comisiones, fraude que la Fiscalía eleva a los 81 millones de euros, ha levantado el secreto de la investigación realizada para conocer los movimientos de dinero que se realizaron entre los años 2005 y 2015 en Mónaco y Suiza.
En el informe se señala que hubo operaciones millonarias, tanto en euros como en otras divisas, y se apunta que una sociedad panameña controlada por Jesús Rodríguez Recio, al que la Fiscalía considera como testaferro de Rafael Delgado, tenía cuentas abiertas en tres entidades financieras en Mónaco, en las que entre 2007 y 2014 se realizaron movimientos por valor de 5,7 millones.
Por su parte, según El Norte de Castilla, las operaciones en Suiza se realizaban por medio de la sociedad Nehmo Holding, creada en 2009 por Jesús Rodríguez Recio. Además, también se destaca en la información una transferencia de 243.145 euros francos suizos en marzo de 2012 a una cuenta a nombre de una sociedad cuyo único accionista y administrado era Alberto Esgueva, así como otros dos pagos de 200.000 euros a favor de esta sociedad.
La complejidad de este caso, motivo que el pasado mes de junio la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acordara remitir al Consejo General del Poder Judicial la petición del juez instructor para que el procedimiento sea considerado como causa de especial complejidad por corrupción y en consecuencia se proceda a la ampliación de personal en el órgano con el fin de poder hacer frente a este caso y al correcto funcionamiento del resto de asuntos que asuma el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid.
El informe, elaborado por el juez y avalado por el TSJ, resalta la pluralidad de personas investigadas, ya que de inicio la querella de la Fiscalía Anticorrupción se dirigió contra 21 personas, así como la «complejidad y la duración de la investigación debido al notable volumen alcanzado por las actuaciones» que analizan el posible cobro de comisiones entre 2002 y 2015 por la instalación de parques eólicos en Castilla y León.
